Colombia emite la primera sentencia restaurativa contra exmilitares por crímenes de guerra
Bogotá, 18 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de guerra y de lesa humanidad como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado.
«Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de ocho años. A este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria», señaló la magistrada de la JEP Ana Manuela Ochoa Arias al leer la sentencia.
Se trata de la primera sanción de este tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, contra exmilitares que reconocieron su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’. La sentencia no conlleva penas de cárcel, sino labores restaurativos en beneficio de las víctimas.
Las penas
Los condenados, todos exintegrantes del Batallón La Popa, son dos mayores, tres subtenientes, tres sargentos, un cabo y tres soldados.
El tribunal les impuso la sanción máxima de ocho años, aunque aplicó rebajas a quienes «ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas a través de procesos penales previos en los que cumplieron penas de prisión», explicó Ochoa.
Los sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos, que incluyen la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Todos reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo que coincide en su mayor parte con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
«La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años y trabajaban en el campo o en el sector informal», dijo la magistrada, quien añadió que fueron elegidos por «su vulnerabilidad económica» y por su condición de «campesinos o indígenas o afrodescendientes, lo que evidencia factores de discriminación histórica».
Los ‘falsos positivos’
Los ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles reclutados mediante engaños y asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, una estrategia para inflar las cifras de éxito militar. A cambio, los soldados recibían recompensas, como condecoraciones o permisos.
«Dada la existencia de estos patrones macrocriminales, se puede concluir sin que quepa duda que estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino que formaron parte de una práctica sistemática y generalizada (…) en un contexto de presión institucional por (mostrar) resultados», subrayó Ochoa.
Esta investigación, llamada Subcaso Costa Caribe, hace parte del macrocaso 03 de la JEP, uno de los once procesos abiertos por este tribunal, que en 2021 identificó al menos 6.402 personas asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate en todo el país entre 2002 y 2008.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que «ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal, encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (…) con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas».
«No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Esos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia», agregó.
Ramelli resaltó que el tribunal que preside «literalmente ha desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia» y recordó que los sancionados «han afrontado el horror de lo que hicieron, en muchos casos revelando verdades que ni siquiera sus propias familias conocían».
Esta sentencia contra los doce exmilitares es la segunda que aplica el modelo de justicia restaurativa en Colombia. La primera fue emitida el pasado martes, con la condena a penas alternativas de ocho años para siete integrantes del último directorio de las FARC, incluido su máximo dirigente, Rodrigo Londoño. EFE
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