Fiscalía de Costa Rica acusa a sospechoso de asesinar a dirigente indígena
San José, 19 abr (EFE).- La Fiscalía de Costa Rica informó ese lunes que acusó por homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida contra un hombre de apellidos Varela Rojas, quien es el único sospechoso de matar al dirigente indígena Jhery Rivera el 24 de febrero de 2020.
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos terminó la investigación del caso y en los próximos días solicitará la apertura a juicio contra el único acusado de apellidos Varela Rojas.
Los hechos delictivos ocurrieron el 24 de febrero del 2020 en el territorio indígena de Térraba, en San Antonio de Buenos Aires, provincia de Puntarenas (sur), cuando la víctima se encontraba en la vía pública junto con una mujer.
De acuerdo con la Fiscalía, en horas de la noche, cuando circulaban al menos 40 personas en ese sector, algunas de estas intentaron agredir a Rivera, sin lograrlo.
No obstante, según la acusación, en medio de la muchedumbre, al menos tres personas no individualizadas sujetaron a Rivera, y, aprovechando su estado de indefensión, Varela, un indígena de la etnia boruca, utilizó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones al ofendido.
“Al dispersarse las personas que se encontraban en la vía pública, la mujer pudo acercarse a la víctima, y, según la pieza acusatoria, ella recibió amenazas de parte de Varela”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Este caso generó un gran revuelo en el país, pues Rivera era un reconocido dirigente indígena que luchaba por la recuperación de las tierras ancestrales en el sur de Costa Rica que están en manos de personas no indígenas.
Según indígenas de la zona, el asesinato de Rivera puede estar relacionados con su labor de recuperación de tierras.
En la zona sur de Costa Rica existe desde hace muchos años un conflicto por las tierras indígenas y es frecuente que ocurran actos de violencia como represalia contra indígenas que recuperaron terrenos por su propia cuenta.
El asesinato de Rivera ocurrió casi un año después del de Sergio Rojas, otro líder de las comunidades indígenas del sur del país, quien falleció tras ser atacado a balazos en marzo de 2019 sin que hasta ahora las autoridades hayan identificado a los responsables.
La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades, pero los propietarios no indígenas afirman que las tierras les fueron vendidas por indígenas y en muchos casos antes del año en que se aprobó la ley. EFE
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