Defensoría de Perú pone demanda de inconstitucionalidad a amnistía a policías y militares
Lima, 16 sep (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía para militares y policías que fue aprobada por el Gobierno y el Congreso, a pesar de que sus representantes apoyaron esa norma cuando estaba en etapa de análisis.
La ley, que fue promulgada en agosto pasado por la presidenta Dina Boluarte tras haber sido aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras con varios policías y militares en sus filas, ha enfrentado al Ejecutivo peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha pedido a los jueces que no la apliquen, una posición que el Gobierno de Perú considera «inaceptable».
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el pasado 12 de septiembre por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien señaló que vulnera los derechos de igualdad, a la verdad, justicia y reparación, a la tutela jurisdiccional efectiva, así como la Constitución nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.
«Ni el proyecto de ley ni el dictamen» aprobado por el Congreso, y luego promulgado por el Ejecutivo, «realizan una debida justificación de la excepcionalidad de la ley de amnistía» y que sus efectos no son compatibles «con los derechos y valores establecidos en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos», detalló.
Más de 1.170 carpetas fiscales abiertas
La Defensoría señaló que, de acuerdo con información de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, hasta enero de este año existen más de 1.170 carpetas fiscales abiertas, de las cuales 790 permanecen aún en etapa de investigación preliminar, en las cuales se ha identificado 122 procesados imputados y más de 3.000 víctimas.
«No obstante, debe subrayarse que estas cifras no reflejan el universo total de agraviados ni de procesados, en tanto corresponden únicamente a las personas plenamente identificadas, quedando aún un gran número de víctimas e imputados por determinar», remarcó.
La Defensoría añadió que estas cifras «no solo reflejarían dilaciones en las investigaciones o procesos judiciales en un supuesto desmedro» de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités civiles de autodefensa, sino que también «mostrarían las deficiencias estructurales del sistema de justicia».
Posición favorable de un representante de la Defensoría
A pesar de esta posición, medios locales recordaron este martes que el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, Carlos Fernández Millán, aseguró en abril pasado que «existe una gran preocupación» institucional «porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares».
Fernández Millán agregó que la Defensoría estaba convencida «de que resulta necesario adoptar acciones como esta iniciativa» de amnistía, que finalmente comprendió a militares, policías y civiles investigados o procesados por violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento con las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRT) entre 1980 y 2000.
Esa declaración contradijo la posición institucional del organismo, que señaló a la Comisión de Constitución del Congreso que la amnistía no se alineaba con los criterios establecidos por la Corte IDH, así como por el Tribunal Constitucional, para evitar que las violaciones a los derechos queden impunes.
Tras conocerse la demanda presentada ante el TC, la exministra de Cultura Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y desaparecido por el grupo militar encubierto Colina, exigió que la Defensoría la retire, porque consideró que, en realidad, lo que busca es que se declare que la norma es constitucional.
En caso de que el Tribunal Constitucional valide la amnistía, los jueces peruanos estarán obligados a aplicarla, algo que hasta ahora han evitado hacer al acogerse al control de convencionalidad y rechazar las distintas peticiones que han sido presentadas de policías y militares que continúan cumpliendo condenas en prisión.
«Exigimos que la Defensoría retire esa demanda. Conocemos su posición, cuando el proyecto se discutía en comisiones, el adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, señaló que apoyaban el proyecto de amnistía. Si el TC declara que es constitucional, los jueces no podrán hacer control difuso (dejar de aplicar la norma)», alertó. EFE
dub/fgg/lar
