Dimiten más de 50 asesores checos en Derechos Humanos por ver mermada su independencia
Praga, 1 jul (EFE).- Más de cincuenta expertos en derechos humanos que integraban la Oficina del Gobierno de la República Checa han dimitido por considerar que una reorganización de las competencias de la entidad promovida por el Ejecutivo del populista de derechas Andrej Babis, merma su independencia y amenaza a los más vulnerables.
«En esta situación, ya no vemos la manera de que los órganos consultivos cumplan eficazmente su misión y lleven a cabo con responsabilidad el mandato que aceptamos. Por ello, hemos decidido dimitir conjuntamente», expresan los dimisionarios -casi un tercio de los profesionales involucrados- en una misiva, informó este miércoles la prensa local.
La dimisión, anunciada el martes, se produjo en vísperas de que se retirara hoy de la citada oficina la gestión de los asuntos relacionados con los derechos humanos, la igualdad de género, la situación de las minorías (incluida la romaní), de las personas con discapacidad y de las ONG.
El paso responde a una decisión adoptada por la coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos en el poder para transferir dichas responsabilidades a cuatro ministerios.
Los asesores gubernamentales dimitidos advirtien de que la medida ha despertado ya preocupación en la Unión Europea y no descartan que conduzca a una reducción de los fondos comunitarios destinados a estas agendas.
Monika Simunková, que fue apoderada del Gobierno para derechos humanos y que se encuentra entre los dimisionarios, considera que la reorganización de competencias supone la intervención «más drástica» en el funcionamiento de la oficina gubernamental en los últimos 30 años y va a «destruir su independencia y estatus supraministerial».
Para estos profesionales, que apelan al carácter supraministerial que ha tenido hasta ahora la entidad, la nueva gestión, compartida por las carteras de Justicia, Trabajo, Salud y Cultura, hará que la defensa de los vulnerables quede debilitada.
El enfoque del Gobierno «debilita la protección de los derechos humanos y sustituye el diálogo y la colaboración por la imposición unilateral de sus propias decisiones, a pesar del desacuerdo de los profesionales del sector», afirmó Petr Tresnák, miembro del grupo de trabajo de apoyo a personas con discapacidad intelectual.
Tünde Bartha, jefa de la Oficina del Gobierno y una de las más estrechas colaboradoras de Babis durante su etapa al frente del grupo industrial Agrofert, declaró recientemente a la prensa que el nuevo modelo es mejor y que funcionará «muy bien». EFE
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