Ecologistas demandan a CE por catalogar mina de litio portuguesa como proyecto estratégico
Bruselas, 5 feb (EFE).- La organización ecologista ClientEarth y la asociación la Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) anunciaron hoy una demanda contra la Comisión Europea por catalogar como «proyecto estratégico» una mina de litio en la región Barroso, en el norte de Portugal.
«El enfoque de la Comisión sienta un precedente peligroso para la protección del medio ambiente, la participación pública y el Estado de derecho en la Unión Europea», señalaron los denunciantes en un comunicado.
La denuncia ha sido interpuesta este jueves, después de que la Comisión «se negara a reconsiderar su decisión en el marco de la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA), pese a existir pruebas detalladas de que el proyecto entraña graves riesgos ambientales, sociales y de seguridad», agregaron.
La concesión minera fue aprobada con condiciones por las autoridades portuguesas en 2023 y las organizaciones demandantes sostienen que el Ejecutivo comunitario «no cumplió con su obligación de evaluar la sostenibilidad del proyecto al designarlo como ‘estratégico'».
Bruselas pasó por alto «lagunas evidentes en la evaluación de los impactos ambientales, incluidos los efectos sobre especies protegidas y la seguridad del depósito de residuos previsto, aseguran.
«Esto contradice tanto la legislación medioambiental de la UE como el compromiso declarado de la propia Comisión de abastecerse de materias primas mediante prácticas mineras sostenibles», sostienen las plataformas.
Ante su queja, la Comisión argumentó que sus principales preocupaciones, como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la seguridad de los residuos, son competencia nacional.
Agregó que el papel del Ejecutivo se limita a «detectar errores manifiestos en las solicitudes» para acceder al estatus de «proyecto estratégico», que implica un respaldo institucional europeo, procesos acelerados, acceso preferente a la financiación y mayor seguridad jurídica.
Bruselas indicó que sólo denegaría esa categoría «si fuera manifiestamente claro que el proyecto no se aplicaría de forma sostenible», relataron los denunciantes, que consideran que este enfoque «ignora los requisitos destinados a proteger la naturaleza y la salud humana, marginando a las comunidades afectadas».
«Acudimos a los tribunales porque la decisión de la Comisión socava principios jurídicos fundamentales de la UE (…). La transición energética debe basarse en el derecho, la ciencia y la justicia, no en atajos políticos que convierten a las regiones rurales en zonas de sacrificio», señalaron.
Las organizaciones han pedido al Tribunal de Justicia de la UE que anule la decisión de la Comisión Europea. EFE
jaf/cc
