Ecuador recluirá en nueva cárcel de alta seguridad a detenido que extraditará España

Quito, 25 jun (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, afirmó este miércoles que William Joffre Alcívar Bautista, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones, y a cuya extradición ha accedido la Audiencia Nacional de España, será recluido en una nueva cárcel, destinada a personas de alta peligrosidad, que al momento se construye en la costa del país andino.

«Estamos en Ecuador listos para recibirlo. Yo creo que va a ser uno de los primeros usuarios de la nueva cárcel, así que estamos esperando a que se fije fecha, eso va a tomar un poco de tiempo, pero me parece positivo que venga a cumplir sus penas acá en Ecuador», dijo el ministro en la televisión Teleamazonas.

Según el funcionario, la cárcel que construyen en la provincia de Santa Elena (suroeste) estará lista antes de fin de año, y estará destinada «a las personas de mayor peligrosidad».

«Ese es el lugar donde vamos a trasladar a todos los PPLs (personas privadas de la libertad) que tienen alto riesgo, que son de alta peligrosidad», explicó al comentar sobre la situación de Alcívar Bautista, acusado de asaltar un canal de televisión en 2024.

«No quiere volver a Ecuador porque dice que lo van a matar, pues bueno, tendrá que venir al Ecuador. Acá, el deber nuestro, por supuesto, será garantizar la vida de él», añadió Reimberg al aseverar que se tomarán «las medidas pertinentes para que él pueda cumplir sus sentencias sin que nadie atente contra él».

Esta prisión, bautizada por el presidente Daniel Noboa como la ‘Cárcel del Encuentro’ en coincidencia con el nombre de la trama de corrupción que catapultó la precipitada salida del poder de su predecesor Guillermo Lasso (2021-2023), comenzó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares, a cargo del grupo español Puentes, controlado por la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.

La construcción, que tendrá capacidad para entre 700 y 800 presos, se realiza en un paraje inhóspito de la provincia de Santa Elena con el objetivo de que su población penitenciaria esté lo más aislada posible.

Extradición condicionada

En un auto conocido el martes, la Audiencia Nacional de España condiciona la entrega del ecuatoriano a que, en el plazo de tres meses, Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal si es encarcelado en su país.

El auto explica que los hechos, según la legislación ecuatoriana, serían constitutivos de un delito de terrorismo, que tienen correspondencia en el Código Penal español.

De acuerdo con la descripción de los hechos presentada por las autoridades ecuatorianas, sobre las 14:00 horas del 9 de enero de 2024 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (19:00 GMT) se produjo el asalto mientras se desarrollaba en vivo una transmisión televisiva, en medio de una ola de violencia que padeció el país.

Al respecto, añade que un grupo de personas, entre ellas el reclamado, entraron por la fuerza en instalaciones del canal TC Televisión.

Una vez dentro procedieron a neutralizar al personal, para posteriormente amenazar a uno de los presentadores con armas de fuego apuntando a su cabeza y colocando explosivos en el bolsillo de su chaqueta con el fin de que solicitara de rodillas que no le hicieran daño.

«En dicho acto terrorista, los trabajadores del canal fueron obligados a solicitar a los miembros de la Policía Nacional que abandonaran las instalaciones», concluye el relato del expediente de extradición.

En su resolución el tribunal desestima todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse la extradición.

No obstante, considera que debido a la situación de violencia en cárceles en Ecuador, es necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.

En concreto, la condiciona a que en el plazo de tres meses las autoridades ecuatorianas «presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios».

Las cárceles son parte de la crisis de violencia que conllevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó a Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024 cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizado y las catalogó como «grupos terroristas» tras declarar el ‘conflicto armado interno’ en la nación andina.

Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por disputas y enfrentamientos entre distintas estructuras criminales. EFE

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