El activismo que puso en cifras la violencia machista y empujó reformas en Uruguay
Daniela Calone
Montevideo, 31 jul (EFE).- El movimiento feminista fue en la década de los ochenta el que hizo los primeros relevamientos sobre violencia machista en Uruguay y es el que actualmente recopila caso a caso tanto los asesinatos de mujeres por su condición de género como el que denuncia las desapariciones y las desigualdades.
La producción feminista de datos fue clave para la visibilización de la violencia machista y el impulso de cambios legislativos, según reconstruye el estudio ‘Crear datos para disputar sentidos: una breve historia de la producción feminista de datos en Uruguay 1984-2025’.
Elaborado por el Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada) de la Universidad de la República, este repasa cuarenta años de activismo en el país suramericano.
La violencia machista, un problema público
La socióloga Noelia Beltramelli Gula, quien escribió este estudio junto a Helena Suárez Val y Maria Goñi Mazzitelli, asegura a Agencia EFE que la sociedad uruguaya reconoció la violencia machista como un problema público «porque hubo colectivos, mujeres feministas y grupos de la diversidad que no solo tomaban las calles», sino que identificaron una desigualdad estructural «que se puede visibilizar con datos».
En Uruguay, el primer relevamiento de violencia doméstica del Ministerio del Interior fue en 2005, tres años después de la creación de la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica y a una década del reconocimiento de esta como un delito.
Veinte años antes, en un contexto de transición política posterior a la dictadura, los colectivos fueron los encargados de sistematizar datos que no estaban siendo comunicados.
Allí circuló ‘La Cacerola’, un boletín trimestral del Grupo de Estudios sobre la condición de la mujer en el Uruguay que publicaba estadísticas sobre desigualdades de género y develaba vacíos en los registros oficiales.
Otras publicaciones, como ‘La República de las Mujeres’, se dedicaron a cubrir diferentes manifestaciones de violencia de género, incluidos feminicidios, como fue el de Flor de Lis Rodríguez a manos de su esposo en 1989, que terminó en una manifestación que las autoras denominan como el primer antecedente de las hoy llamadas Alertas Feministas.
Los colectivos hacían un esfuerzo por visibilizar la violencia machista con el «fin último de accionar transformaciones sociales para cambiar esta realidad», cuenta Beltramelli Gula.
«El incorporar la violencia doméstica como un delito, el feminicidio, la ley de violencia contra las mujeres de más adelante, las leyes de ampliación de derechos para garantizar derechos de la diversidad sexual y de género de los colectivos, son todo trabajos que se hicieron justamente por este trabajo militante», añade la autora.
Cuarenta años después
En la última década surgieron varios proyectos como la web ‘Feminicidio Uruguay’, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.
El colectivo ‘¿Dónde están nuestras gurisas?’, que denuncia desapariciones de mujeres y adolescentes y los vínculos con la trata de personas; o el ‘Proyecto Ikove’, que se centra en la reparación y acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.
A sabiendas de que resulta movilizador trabajar con datos asociados a la violencia, las investigadoras adoptaron una perspectiva feminista «que cuestiona la objetividad» y hallaron una tensión «entre la necesidad de sistematizar información para encontrar patrones y pensar acciones integrales, con la importancia de no olvidar la particularidad de cada caso, que es una mujer, una disidencia o una infancia cuya historia y familia son irreductibles a un número».
Pese a que reconoce un avance e involucramiento por parte del Estado al actualizar y publicar los datos sobre violencia machista anualmente, Beltramelli Gula asegura que estas iniciativas «siguen siendo fundamentales» porque la problemática persiste.
«Las deficiencias que persisten en el Estado hacen que el avance en esta materia recaiga en el esfuerzo militante que implica, no solo horas de trabajo, generalmente poco o no remunerado, sino también un desgaste emocional de quienes producen contradatos», revela el estudio, a lo que la autora añade: «Hemos avanzado, pero hay una cosa que continúa siendo estructural y que aún no hemos podido dar la pelea a la altura». EFE
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