El Congreso aprueba la renovación número 53 del régimen de excepción en El Salvador
San Salvador, 28 jul (EFE).- El gobernante partido Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron este martes la renovación número 53 del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Este régimen, cuestionado por activistas y ONG de derechos humanos, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones, y ha dejado más de 92.480 detenidos que la Administración de Nayib Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
La renovación por 30 días más de la medida, que diversos analistas dicen que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados en el Congreso y con el rechazo de la oposición, que ha señalado violaciones a derechos humanos.
«Es necesario prolongar dicho régimen de excepción en lo referente a las medidas extraordinarias vinculadas a la limitación de los derechos», y ya que se busca «evitar cualquier proceso de restablecimiento de estas organizaciones criminales y de sus objetivos territoriales», argumentó el Gobierno en el decreto legislativo que fue votado.
En el documento se reitera además que «se ha constatado la participación de menores de edad pandilleros en el reclutamiento de otros menores para incorporarlos a estas organizaciones criminales, así como en la posesión de drogas y armas de fuego», añade.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta disposición se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional en ese momento, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), alertaron que bajo este régimen el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad en El Salvador, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población. EFE
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