El Gobierno apuesta por la firmeza policial frente a las protestas que se anuncian
París, 27 oct (EFE).- El Ejecutivo francés apuesta por la firmeza policial para evitar que las manifestaciones convocadas para los próximos días degeneren en actos de vandalismo y saqueo como los del pasado día 17, como pone de manifiesto la ley para hacer pagar los daños a los causantes de los disturbios.
El proyecto comenzó a ser debatido este martes en el Senado, donde la derecha tiene una amplia mayoría, pero más adelante tendrá que enfrentarse a la prueba de la Asamblea Nacional, donde su futuro parece más incierto.
La izquierda lo rechaza porque considera que supone un atentado a la libertad de manifestación, mientras que el Gobierno aceptó las enmiendas de la derecha que endurecen el texto e, incluso, añadió otras.
Al final, los senadores adoptaron una redacción que propone que no solo los autores de degradaciones urbanas durante manifestaciones que sean identificados deban pagar. Además, responsabiliza a aquellos que participen en el grupo violento en las inmediaciones de los lugares saqueados cuando la policía ordene la evacuación.
Todos ellos tendrán que pagar y, si se declaran insolventes, se les confiscarán las ayudas públicas que reciban.
El proyecto fue lanzado tras los actos violentos registrados en mayo tras la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones, pero su debate fue acelerado por el Ejecutivo tras los disturbios del pasado día 17.
La derecha agravó las penas e introdujo la posibilidad de identificar a los sospechosos con drones, mientras que el Gobierno incluyó un artículo que les permitirá cerrar páginas en internet que no eliminen mensajes con llamamientos a la insurrección.
La izquierda, por su parte, considera que esta nueva ley no hace más que agravar los problemas, porque evita afrontar los problemas de fondo e introduce el concepto de «responsabilidad colectiva» que, a su juicio es inconstitucional.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que defendió el texto, aseguró que la ley permitirá a la policía distinguir manifestantes pacíficos de vándalos, lo que permitirá aportar una respuesta penal a los segundos y proteger a los primeros.
La oposición de izquierda, que se opone al texto, acusó al Gobierno de acelerar el debate sobre este texto para «desviar la atención de la incompetencia del Ejecutivo» ante las reivindicaciones del pueblo, según el comunista Fabien Gay.
«Este texto ataca el derecho a manifestar, no defiende a los comerciantes», aseguró la senadora ecologista Mélanie Vogel.
El principio de responsabilizar a los vándalos de los daños causados cuenta con el respaldo de la extrema derecha, cuya líder, Marine Le Pen, afirmó este domingo en un mitin que les hará pagar «de por vida».
Un respaldo que será valioso en la Asamblea Nacional, a condición de que no pierda apoyos por el centro ‘macronista’, puesto que algunos de sus miembros se han mostrado menos favorables a endurecer el proyecto del Ejecutivo, lo que puede alargar los debates en un ambiente de precampaña electoral.
En paralelo, el Ejecutivo no logra detener los movimientos de protesta. Sus concesiones a los estudiantes no consiguieron este lunes evitar que los estudiantes apelaran a mantener la presión y este martes fue el turno de los docentes, que también anunciaron que se sumarán a las protestas.
La situación vivirá una nueva prueba este sábado, cuando sindicatos, asociaciones estudiantiles y ‘chalecos amarillos’ han convocado un tercer sábado consecutivo de movilización.
Los dos últimos aseguraron haber concentrado en todo el país a 800.000 personas. El primero de ellos estuvo teñido de actos de extrema violencia, pero el segundo se desarrolló de forma más pacífica, después de que el Ejecutivo fortaleciera el dispositivo policial.
Las asociaciones de alumnos de instituto apelaron a retomar el lunes los bloqueos de centros educativos, tras las vacaciones escolares y el próximo día 5 está convocada una jornada de huelga general que amenaza con paralizar sectores del país. EFE
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