El Gobierno de Bolivia anuncia un bono para huérfanos de víctimas de feminicidios
La Paz, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia aprobó este miércoles un decreto que permitirá la entrega de un bono mensual a niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios, además de darles prioridad en el acceso a servicios de salud y al sistema educativo.
El decreto reglamenta una ley promulgada en 2025 que estableció la entrega de un bono económico mensual equivalente al 20 % del salario mínimo nacional, informó a los medios el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
El salario mínimo actual es de 3.300 bolivianos (275 dólares), por lo que el bono anunciado equivaldría a unos 660 bolivianos (55 dólares).
Asimismo, los niños menores de 5 años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20 % del subsidio de lactancia que reciben las madres trabajadoras o esposas de afiliados a una entidad de salud.
«Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar por las razones que sean y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos», manifestó Gálvez.
La norma establece también el acceso «prioritario» al servicio de salud, el acceso «inmediato» al sistema educativo y que los niños y adolescentes beneficiarios se favorecerán con becas a colegios y universidades.
Para que el procedimiento de entrega de los bonos sea transparente, el Gobierno habilitará un registro para que los beneficiarios puedan anotarse de manera oficial.
La ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, que rige desde noviembre pasado, requería este reglamento para su aplicación plena.
La Fiscalía boliviana informó en la víspera que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año, se registraron 66 feminicidios en Bolivia.
Una estimación del Ministerio de la Presidencia señala que hasta diciembre de 2025 habría unos 961 niños y adolescentes huérfanos por feminicidio en el país.
El feminicidio fue introducido como delito en la legislación boliviana mediante la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente desde 2013.
Esa norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en las leyes de Bolivia.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348. EFE
drl/gb/nvm
