El Gobierno de Brasil defiende en el Supremo un decreto tributario tumbado por el Congreso
Brasilia, 1 jul (EFE).- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, exigirá a la Corte Suprema que declare el «carácter constitucional» de un decreto que aumentaba un impuesto a las transacciones financieras que fue anulado por el Parlamento, informaron este martes fuentes oficiales.
El titular de la Abogacía General del Estado, Jorge Messias, dijo en rueda de prensa que la decisión parlamentaria «viola el principio de la separación de poderes», por lo que se ha decidido solicitar al Supremo que se pronuncie en defensa de las «potestades constitucionales» del Ejecutivo.
«La conclusión lógica será que el decreto es válido y que no puede ser suspendido por una decisión del Congreso nacional», apuntó Messias, quien afirmó que el Gobierno pretende que el asunto sea discutido desde un punto de vista «técnico y jurídico».
El objetivo de la demanda, según explicó, es «defender y mantener la normalidad institucional» y los «preceptos constitucionales».
Hace quince días, a fin de compensar una caída de la recaudación tributaria, el Gobierno decidió aumentar el llamado Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF) de un promedio del 1,2 % a una media del 3,2 %, pese al rechazo de la oposición conservadora, que es mayoritaria en las cámaras legislativas.
Con esa medida, que afectaba la compra de moneda extranjera o algunas operaciones crediticias del sector privado, el Ministerio de Hacienda apuntaba a aumentar la recaudación en unos 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares), que ayudarían a equilibrar las maltrechas cuentas públicas.
En respuesta, bajo la premisa de que no permitirá aumentos de la carga tributaria, la mayoritaria oposición conservadora movilizó a su base en la Cámara de Diputados y en el Senado y la semana pasada aprobó, con carácter de urgencia, un proyecto que derribó el decreto presidencial.
Ese movimiento tensó aún más la delicada relación del Gobierno del líder progresista con las cámaras legislativas y hasta llegó a ser interpretado en sectores del oficialismo como una suerte de presión con fines electorales.
Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de 2026 y, según sugirió el jefe del oficialismo en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, la oposición intenta «estrangular» al Gobierno ya con la mente puesta en el proceso electoral.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aclaró este martes que la acción que el Ejecutivo intentará ante la Corte Suprema «no tiene nada que ver con política» y que, como sostuvo el abogado general, solo apunta a que la Justicia reconozca los poderes que la Constitución le reserva al Poder Ejecutivo. EFE
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