El Parque Argentina, el hogar a la intemperie de los afganos olvidados de Pakistán
Ajmad Ali
Islamabad, 27 ago (EFE).- Un mar de plásticos y tiendas de campaña improvisadas se extiende sobre el césped del céntrico ‘Parque Argentina’ de Islamabad, entre el ruido del tráfico y bajo las lluvias del monzón, este espacio verde se ha convertido en el hogar y último refugio para cientos de familias afganas que no tienen a dónde más ir.
«Fuera de aquí», fue lo último que Mustafa Qurbani escuchó de su casero la semana pasada en la ciudad de Attock. Junto a su mujer y sus dos hijos, tuvo que abandonar su casa. Desde entonces, como cientos de afganos en su misma situación, vive en el parque.
La raíz del problema es el «Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales» anunciado por Pakistán en octubre de 2023, que consta de tres fases y comenzó con la deportación de afganos indocumentados. La segunda fase, que arrancó en abril, se centró en los titulares de Tarjetas de Ciudadano Afgano (ACC).
La fase final, ahora en curso, apunta a 1,4 millones de refugiados con tarjetas de Prueba de Registro (PoR) emitidas por ACNUR. Sin embargo, las autoridades ya han comenzado a deportar a titulares de tarjetas PoR, declarándolos «ilegales» porque sus documentos expiraron el 30 de junio y no han sido renovados.
Qurbani, un carpintero de 38 años, tenía su tarjeta PoR desde 2006. Por temor a la acción policial, los caseros paquistaníes están expulsando a los inquilinos afganos.
La vida de estas casi 200 familias se desarrolla en el Parque Argentina, nombrado así en 1973 en reconocimiento al apoyo de ese país a Pakistán durante la guerra indo-paquistaní de 1971. Duermen bajo plásticos en medio de las lluvias, reúnen 100 rupias (0,35 dólares) al día para una comida comunal y usan los baños sin ducha de una mezquita cercana.
En medio del campamento, el futuro de los más jóvenes se desvanece. «Los talibanes llegaron a Afganistán, y nosotros vinimos aquí (Pakistán)», dice Tamana Hassani, una niña de 14 años de la minoría hazara, una comunidad chií largamente perseguida en un Afganistán mayoritariamente suní.
«No podemos ir al colegio porque somos afganos. Estoy muy preocupada porque mis estudios se han detenido», lamenta Tamana, que cursaba sexto grado.
«¿Acaso no tenemos derecho a estudiar? ¿No somos humanos?». Y añade la joven que señala su gran ironía. «Los talibanes no dejan que las mujeres estudien allí y ellos (Pakistán) no nos dejan aquí, ¿cuál es la diferencia?», pregunta.
Esa misma impotencia siente Parwin Askari, una atleta y judoca de 27 años que huyó de Kabul cuando los talibanes tomaron el poder en 2021. Tras un periplo por varios países, fue expulsada de Irán y, tras dos meses escondida en Afganistán, llegó a Pakistán con un visado que ya ha expirado.
«Cuando llueve, pasamos el tiempo casi de pie, con la ropa mojada», relata.
Sin documentos válidos, estas familias no pueden ni acudir al médico. «Estamos pasando por muchas dificultades. A veces hace sol y calor, y a veces llueve y pasamos frío», añade otra joven, Sataish Haidri.
El Gobierno paquistaní justifica su política culpando a los afganos de facilitar actividades terroristas y crímenes, y acusa al Gobierno talibán de no actuar contra grupos como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). A su vez, las fuerzas de seguridad paquistaníes combaten insurgencias en Baluchistán y el noroeste, ambas regiones fronterizas con Afganistán.
Desde la invasión soviética hace cuatro décadas, más de cuatro millones de afganos han llegado a Pakistán; 600.000 de ellos tras el regreso de los talibanes en 2021.
Desde que comenzó la campaña de repatriación en 2023, más de un millón se han marchado. Para los que quedan, como Mustafa, que tuvo que malvender sus pertenencias, el dolor es profundo. «Ni siquiera pudimos traernos algunos de los muebles que hice con mis propias manos», dice. EFE
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