El PP pregunta a Bruselas por la idea de asignar a Fiscalía instrucción de causas penales
Bruselas, 14 ene (EFE).- El Partido Popular ha preguntado a la Comisión Europea si tiene previsto «interpelar» al Gobierno español por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y si considera que una Fiscalía elegida por el Ejecutivo puede asegurar una instrucción independiente.
En una pregunta escrita, la portavoz de la delegación española del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, pide al Ejecutivo comunitario que aclare si considera que «la Fiscalía, elegida y controlada por el Ejecutivo, puede ocupar el papel de los jueces para dirigir la instrucción, asegurando los derechos procesales, con toda independencia, imparcialidad y transparencia tal y como establece el derecho europeo».
Además, la eurodiputada cuestiona si va a «interpelar la Comisión al Gobierno de España sobre esta reforma y sobre la de las acusaciones populares tras las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las asociaciones de fiscales y de la magistratura».
El ministro español de Justicia, Félix Bolaños, ha avanzado su intención de aprobar este año una norma que sustituirá a la actual Lecrim, que data de 1882, y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
«En un momento en que el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por revelación de secretos para fines políticos, el Gobierno español prepara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía en detrimento de los jueces, que supondría un control indirecto del Gobierno sobre el archivo de las causas penales, incluidas las de corrupción», dice Montserrat en su pregunta a la Comisión.
Además, añade, «el Gobierno quiere reducir el papel de las acusaciones populares, decisivas en los casos de corrupción que mantienen acorralado al gobierno».
La diputada indica asimismo que el CGPJ ha advertido de que es «imperativa» una revisión del funcionamiento de la Fiscalía antes de entregarle la instrucción de las causas penales, para garantizar su independencia.
Montserrat dijo en un comunicado que la acusación particular es un principio constitucional que permite que los ciudadanos y organizaciones participen activamente en los procedimientos judiciales, «garantizando el derecho a un recurso efectivo y promoviendo la transparencia».
Por otra parte, añadió que el PP no permitirá ninguna reforma que «podría comprometer la imparcialidad de las investigaciones, exponiéndolas a presiones externas, afectando a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, independientemente, de si forman parte del gobierno o son familia de sus miembros». EFE
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