El presupuesto de Lecornu mantiene el déficit al límite con concesiones a los socialistas

París, 2 feb (EFE).- Los presupuestos que el Gobierno francés logrará adoptar este lunes, tras superar, como se espera esta tarde, las dos últimas mociones de censura, prevén un déficit público al límite para cumplir sus compromisos europeos en 2029, después de asumir alguna de las exigencias de los socialistas para evitar su caída.

Las cuentas públicas adoptadas sin voto en el Parlamento por el primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha recurrido a un dispositivo constitucional, prevén un déficit del 5 % del producto interior bruto (PIB), tras el 5,4 % de 2025, el tope que el Banco de Francia considera necesario para bajarlo al 3 % en 2029, que es el compromiso ante la Unión Europea (UE).

Para evitar la censura del Partido Socialista, Lecornu ha tenido que plegarse a algunas de las exigencias de ese partido y modificar su proyecto de presupuestos inicial con más gasto social y algo más de presión fiscal, sobre todo para la empresas.

Impuesto a los beneficios de las grandes empresas

El cambio más simbólico es que el impuesto excepcional a los beneficios de las grandes empresas, que inicialmente debía aplicarse sólo en 2025, se mantiene, con un tipo del 20,6 % para las compañías que facturan entre 1.500 y 3.000 millones de euros y del 41,2 % para las que superan esa cifra.

El único cambio con respecto al pasado año es que entonces lo tuvieron que pagar aquellas que superaban los 1.000 millones de euros de volumen de negocios, un umbral mínimo que ha subido, con lo que se verán concernidas unas 320 y la recaudación esperada será de 7.300 millones y no de 7.500.

En la línea de las demandas socialistas para que los más ricos paguen más, el Ejecutivo prolonga otro dispositivo excepcional que fija un tipo impositivo mínimo del 20 % a los particulares con ingresos superiores a los 250.000 euros, para tener en cuenta su posible recurso a exenciones o mecanismos de optimización fiscal. La idea es mantenerlo mientras el déficit sea superior al 3 % del PIB.

Además, si el proyecto inicial contemplaba la congelación de las prestaciones sociales, esa medida se ha abandonado y se indexarán con la inflación.

Los socialistas también han conseguido que figure en el paquete adoptado la financiación de las comidas de los estudiantes en las cantinas universitarias, que ahora podrán beneficiarse de un precio de un euro.

En la misma línea, la prima de actividad que reciben tres millones de hogares de ingresos modestos se ha subido en unos 50 euros al mes de media, con un coste total de unos 700 millones de euros.

Sin impuesto al patrimonio de los superricos

Lo que no lograron es imponer el llamado ‘impuesto Zucman’ que pretendía gravar con un 2 % el patrimonio de aquellos cuya fortuna supera los 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.

Tampoco consiguieron la generalización a todo tipo de bienes del impuesto sobre el patrimonio, que seguirá fiscalizando únicamente las propiedades inmobiliarias, pero no otros, como los activos financieros.

Era una renuncia demasiado fuerte desde el punto de vista simbólico, teniendo en cuenta que la supresión del impuesto sobre la fortuna (ISF) y su conversión en impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI) en 2018 fue uno de los grandes gestos del primer mandato del presidente, Emmanuel Macron, para intentar hacer Francia atractivo para los inversores.

Las rentas de capital sí que tendrán un gravamen más elevado, con un mínimo del 18,6 %, por la elevación de 1,4 puntos porcentuales de la llamada Contribución Social Generalizada (CSG).

En cuanto al impuesto sobre la renta, el Gobierno ha renunciado a congelar los baremos, lo que hubiera implicado automáticamente un aumento de la fiscalidad, y se indexarán con la inflación prevista, un 0,9 %.

Para incitar a los particulares a invertir en viviendas que se ponen en alquiler, los presupuestos crean un mecanismo que permite obtener exenciones fiscales que pueden llegar hasta 12.000 euros anuales para los que las mantengan en alquiler al menos durante 9 años, a condición de que las rentas sean limitadas y que se beneficien personas con recursos limitados. EFE

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