El Supremo de Italia expresa dudas sobre la constitucionalidad del acuerdo con Albania
Roma, 30 jun (EFE).- Un informe del Tribunal Supremo italiano muestra dudas sobre la constitucionalidad y menciona la posible violación de las normativas europeas del acuerdo entre Italia y Albania, impulsado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni para destinar a centros de detención en territorio albanés a migrantes que tienen que ser expulsados.
En los puntos del documento de 40 páginas elaborado por la Oficina del Fiscal del Supremo, publicado por el diario ‘Il Manifesto’, se advierte sobre posibles numerosas violaciones de derechos constitucionales del acuerdo, desde el derecho a la salud hasta el derecho a la defensa.
Como parte del acuerdo, el Ejecutivo de Meloni abrió en octubre de 2004 dos centros en Albania para expulsar desde allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo central sin derecho a asilo, pero, tras semanas inutilizados por las trabas de la Justicia, decidió convertirlos en centros de repatriación.
El acuerdo, sobre el que se espera en las próximas semanas una decisión de la Justicia europea, fue bien recibido por numerosas autoridades y países de la Unión Europea (UE) al considerarlo como una «iniciativa innovadora» para gestionar la inmigración.
Según el informe, sin embargo, el acuerdo «obstaculizaría el derecho de asilo» pues «no se podría garantizar que los migrantes trasladados a centros albaneses tengan las mismas garantías que los migrantes en territorio italiano».
Además, «la detención de migrantes en Albania, en el marco del Protocolo, ya no se contempla como último recurso, como prevé la legislación europea, sino que, por el contrario, representa la única alternativa indicada por el legislador, en violación de las garantías de protección de la libertad personal».
Otro aspecto crítico «reside en la imposibilidad material, en caso de detención en el extranjero, de liberar al individuo una vez cesados los efectos de la detención, pues el extranjero no puede ser liberado en Albania y debe ser devuelto a Italia, por lo que, considerando los tiempos técnicos necesarios para el traslado por barco o avión, es muy probable que sea detenido durante varias horas, o incluso días».
También se enfatiza que el acuerdo podría causar “graves perjuicios al derecho a la salud, al establecer que el nivel de la atención sanitaria albanesa no es comparable al italiano”.
El informe ha sido criticado duramente por los miembros del Ejecutivo, como el ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti: «Mientras que en Europa el enfoque del gobierno de Meloni para combatir la inmigración irregular se adopta como modelo de referencia, en Italia algunos órganos jurisdiccionales parecen más comprometidos a obstruir su acción».
«Hoy la derecha critica a la Casación también por haber dicho que los centros en Albania chocan con el derecho europeo, pero en lugar de arremeter contra los jueces, que asuman la responsabilidad de haber hecho una operación ilegal, cínica, inhumana y, por cierto, ineficaz», dijo, por su parte, Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, el mayor de la oposición.
La idea inicial del Gobierno de Meloni era destinar a los centros a los inmigrantes rescatados en el mar que no tuvieran derecho al asilo -varones sanos y procedentes de países considerados seguros- pero los tribunales italianos se negaron a convalidar las detenciones en Albania y recurrieron al Tribunal Europeo de Justicia.
Desde entonces el Gobierno ha enviado sólo a unos 40 migrantes con una orden de expulsión ya emitida. EFE
ccg/mr/cg
