En Nicaragua sigue la represión contra opositores, ONG, Iglesia católica y prensa, dice AI
San José, 29 abr (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, sigue «reprimiendo» y «criminalizando» a la disidencia, a las ONG, a la Iglesia católica y otros grupos religiosos, y a los medios de comunicación independientes, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
En su informe, difundido este lunes, AI denunció que el Gobierno sandinista, en el poder desde 2007, continuó expulsando, privando de la nacionalidad y deteniendo de forma arbitraria a disidentes y otras personas, «exponiéndolos a una grave vulnerabilidad y a la violación de sus derechos», y que la impunidad prevaleció.
«Desde que comenzaron las expulsiones en 2023, más de 400 personas se han quedado sin acceso a sus bienes, enfrentando restricciones a sus derechos y libertades y enfrentando serias dificultades para integrarse en los países de acogida», advirtió AI.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, informó de que la expulsión de nicaragüenses y residentes extranjeros sin el debido proceso, no solo despojó a los primeros de su nacionalidad, sino que también los dejó en una situación de grave vulnerabilidad y reforzó un clima de temor para quienes pudieran ser vistos como críticos del Gobierno, alertó esa ONG.
Ortega busca silenciar a los medios
Por otro lado, según el informe, las autoridades impusieron estrictas restricciones a los medios de comunicación en 2024, «amenazando la libertad de expresión».
«Las autoridades continuaron implementando medidas para silenciar a los medios de comunicación independientes, creando un vacío informativo y dificultando el acceso de los nicaragüenses a noticias e información independientes», anotó AI.
Entre 2018 y 2024, al menos 276 periodistas fueron obligados a abandonar el país, según un informe publicado en septiembre por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
El Gobierno sandinista confiscó, además, los activos de los medios de comunicación, lo que ahogó aún más la disidencia, según el informe.
Entre 2018 y junio de 2024, más de 50 medios de comunicación sufrieron la incautación de sus activos, detalló.
El Ejecutivo también implementó una legislación destinada a controlar el contenido en línea, exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que proporcionen datos de los usuarios y restringiendo el contenido permitido en eventos artísticos
En tanto, en julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso que destaca «la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Eduardo Gahona López a manos de agentes estatales».
Pueblos indígenas y su desplazamiento forzado
Asimismo, AI advirtió de que «los pueblos indígenas continuaron enfrentándose al desplazamiento forzado y a ataques por parte de grupos armados progubernamentales y colonos».
En marzo de 2024, se celebraron elecciones regionales en la costa caribeña de Nicaragua sin la participación de partidos políticos indígenas por primera vez en años.
AI resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Nicaragua, «destacando las violaciones de los derechos indígenas, incluyendo el desplazamiento forzado y la falta de consulta sobre proyectos como el canal interoceánico, reafirmando la necesidad de proteger los territorios indígenas». EFE
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