España propone a la OCDE regular la fijación de precios por los algoritmos
París, 5 feb (EFE).- El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, propuso este jueves a la OCDE trabajar en común una regulación sobre los mecanismos con los que los algoritmos y las grandes plataformas fijan los precios para evitar abusos y que utilicen información y datos de forma opaca.
Tras reunirse con la vicesecretaria general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Mary Beth Goodman, en su sede de París, Bustinduy declaró a EFE que el Gobierno español quiere que «España sea referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales».
Contó que Goodman había recibido «con entusiasmo» esta propuesta de colaboración, que la reunión había sido «muy provechosa» y que esperaba que pudiera dar frutos «próximamente».
Se trataría de cooperar sobre los derechos de los consumidores en el ámbito digital, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de algoritmos para el establecimiento de precios personalizados, y también de la protección de los consumidores vulnerables en el entorno digital».
A su juicio, la OCDE gracias a sus redes de cooperación y a su conocimiento técnico «tiene una enorme capacidad para poder desarrollar alternativas útiles para abordar estos problemas y luego también para la coordinación».
Justificó esa regulación con el ejemplo de lo ocurrido con los precios de los transportes alternativos tras el accidente ferroviario de Adamuz, que ha obligado a interrumpir la línea del tren de alta velocidad de Madrid hacia Andalucía.
A su parecer esos precios «han subido de manera abusiva sin que se haya producido de por medio ningún incremento de sus costes operativos o de funcionamiento», simplemente porque las empresas han buscado maximizar su beneficio «de una situación de necesidad».
Para el ministro se justifica que haya «unas normas de interés general que restrinjan el funcionamiento de esos algoritmos para que no se genere una situación de desprotección como la que hemos visto».
«Lo que queremos -añadió- es que tanto los poderes públicos como los consumidores recuperen la capacidad de tener la información y la capacidad de regular un ámbito importantísimo de nuestras vidas».
Señaló que cualquier consumidor debe tener el derecho a saber qué tipo de información o de variable se está utilizando para determinar el precio que le están ofertando por un servicio», en primer lugar para evitar prácticas discriminatorias que están prohibidas y para ejercer un control que garantice que eso no ocurre.
Preguntado sobre si la obligatoriedad de dar a conocer las estrategias de fijación de precios no infringe las reglas de la libre competencia y la confidencialidad de la estrategia comercial de una empresa, el político de Sumar replicó que «la política sirve para establecer las reglas y asegurar que la actividad económica está al servicio del bien común y de las poblaciones, no al revés».
Hizo notar que en una economía de libre mercado se reconoce la capacidad de que los agentes económicos tengan sus propias estrategias pero «tienen que estar subordinadas al interés general. Esto es lo que dice la Constitución española y lo que se ha visto tras el accidente del tren de Adamuz», recalcó.
En términos más generales, criticó que «el espacio público digital no sólo está privatizado, sino que está sometido al albur y al capricho de grandes magnates y oligarcas que los pueden utilizar de manera explícita, intencionada y declarada para perseguir sus propios objetivos y fines políticos. Pueden decidir -dijo- qué vemos y qué no vemos, cómo lo vemos y cuándo lo vemos».
Ante esa situación, para Bustinduy «las democracias europeas tienen que defenderse» de las «operaciones de desestabilización» que llegan de los «grandes oligopolios digitales» para que «ningún magnate, por poderoso o millonario que sea, tenga la capacidad de situarse por encima de las leyes. En una democracia mandan los ciudadanos y mandan las leyes».
Se refirió a los recientes ataques contra el Gobierno de España, y contra su presidente, Pedro Sánchez, del magnate Elon Musk, dueño de X, y de Pavel Durov, fundador de Telegram. EFE
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