Evo Morales dice que la CIDH «por primera vez alza la voz» sobre crisis en Bolivia
La Paz, 14 sep (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo este domingo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «por primera vez alza la voz por la vida», después de que este organismo internacional y ONU Derechos Humanos en América del Sur advirtieran «un riesgo de impunidad» por la nulidad de casos sobre la crisis de 2019.
Morales (2006-2019) reconoció que quedó sorprendido por el comunicado de ambas instancias internacionales que manifestaron su preocupación por los fallos judiciales en Bolivia.
«Por primera vez organismos internacionales, especialmente la CIDH, que siempre está en contra del movimiento popular, del movimiento indígena, alza la voz ante el Estado y ante los nuevos candidatos», expresó Morales en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, afín al exmandatario.
Precisó que «con justa razón» la CIDH se manifestó, recordando que durante la crisis de 2019 hubo más de 20 muertes de civiles que se enfrentaron a policías y militares, cuyos procesos ya fueron anulados.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron el viernes su preocupación por las decisiones de tribunales de justicia de Bolivia que resolvieron anular en la vía penal dos casos sobre muertes de civiles durante la crisis de 2019 en el país andino.
«La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos», señala un comunicado oficial publicado en el portal de la CIDH.
Los organismos internacionales consideran que esta situación «compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas» y además «supone una revictimización de las personas afectadas».
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por «incompetencia de materia» y derivarlos a un juicio de responsabilidades para la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), principal acusada.
Estas resoluciones judiciales benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por las muertes de al menos 20 civiles durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, días después de la renuncia de Morales a la Presidencia y su salida del país.
Morales denunció entonces un «golpe de Estado» en su contra luego de las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019, posteriormente anulados.
Áñez siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades.
Los procesos por los sucesos de 2019 se realizaron a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que sostienen que hubo «un golpe de Estado» y, en el caso de Áñez, la demandaron en la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no surgió del voto popular. EFE
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