Indígenas de Ecuador denuncian amenazas a su presidente por una empresa agrícola
Quito, 8 jul (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este miércoles amenazas e incitaciones a la agresión contra su presidente, Marlon Vargas, que atribuyen al personal y al dispositivo de seguridad vinculados a Terraturismo S.A., una empresa agrícola con la que aseguran mantener un conflicto territorial en la Amazonía, y que rechaza las acusaciones.
La organización indígena señaló en un comunicado que estos hechos se producen en el contexto de la defensa de Tzawata-Ila Chukapi, una comunidad ancestral kichwa situada en la provincia amazónica de Napo.
La Conaie recordó que a comienzos de junio ya había denunciado el presunto ingreso a la zona de maquinaria pesada, así como una supuesta amenaza de desalojo contra la comunidad, en medio de una disputa territorial con Terraturismo.
Además, sostuvo que estas acciones evidencian una supuesta estrategia para «dividir a las comunidades, enfrentar a comuneros y escalar el conflicto territorial».
También responsabilizaron a Terraturismo S.A. por cualquier «agresión, intimidación o hecho de violencia que atente contra la integridad de Marlon Vargas, de las autoridades comunitarias y de las comunidades que participan en esta jornada de defensa del territorio y de los derechos colectivos».
El pronunciamiento se produjo durante la Asamblea Regional Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Terraturismo sostiene que el área en disputa es propiedad privada de la empresa, según una resolución judicial que considera «firme e inapelable».
En un comunicado emitido este miércoles, la firma señaló que «rechaza de manera categórica cualquier acto de amenaza, intimidación, violencia o incitación contra cualquier persona, dirigente, trabajador, autoridad o miembros de las comunidades involucradas en este conflicto».
Además, negó «haber impartido instrucciones o promovido acciones destinadas a agredir, intimidar o poner en riesgo» a Vargas o a cualquier otra persona. «Estas afirmaciones carecen de sustento y constituyen señalamientos de extrema gravedad», apuntó.
Reafirmó que sus acciones se desarrollan «dentro de un predio cuya propiedad se encuentra respaldada por escrituras públicas y documentación legal vigente» y formuló un llamamiento a que cualquier denuncia sobre presuntos hechos ilícitos sea presentada ante las autoridades competentes.
Le empresa, en junio, denunció que una de sus maquinarias habría sido atacada con explosivos mientras realizaba labores agrícolas y que el hecho dejó más de diez trabajadores heridos.
Sin embargo, reiteró su compromiso al diálogo, al respeto entre los pueblos y nacionalidades, la generación de empleo, la convivencia pacífica y la búsqueda de soluciones dentro del marco del Estado de Derecho. EFE
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