Justicia de Ecuador mantiene la orden de detención contra el expresidente Abdalá Bucaram
Guayaquil (Ecuador), 7 sep (EFE).- Un tribunal ecuatoriano rechazó este lunes la medida de habeas corpus con la que el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) buscaba evitar que se ejecute la orden de detención que se emitió en su contra para que comparezca a una audiencia en la que otros jueces dictarán una sentencia por presunta delincuencia organizada.
El recurso fue interpuesto por la esposa de Bucaram, María Rosa Pulley, quien señaló que se estaban vulnerando los derechos a la salud y a la vida del exmandatario, una persona de la tercera edad y que tiene «enfermedades catastróficas» y una «patología cardíaca».
No obstante, los magistrados de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron esos argumentos y mantuvieron vigente la orden emitida por otro tribunal de Quito, según informaron medios locales.
La detención fue ordenada el pasado jueves, después de que los jueces no pudieran reinstalar por sexta ocasión una audiencia en la que iban a emitir su decisión en un caso de presunta delincuencia organizada en el que está imputado Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más.
La del pasado día 3 fue la tercera ocasión en la que la diligencia fue declaraba fallida por cuestiones relacionadas con la salud del expresidente. La primera fue el 26 de agosto, cuando sus abogados y familiares anunciaron que había sido internado de emergencia por una operación del corazón.
Bucaram salió del hospital días después, pero ingresó en otro diferente el pasado lunes, el mismo día en el que se iba a instalar la diligencia, que se postergó para el jueves, cuando nuevamente sus defensores aseguraron que estaba en otro centro médico, porque no se había podido recuperar de la intervención.
Los magistrados ordenaron a la Policía que hiciera una «vigilancia permanente» en los exteriores del hospital y capture al exmandatario cuando reciba el alta para que pueda escuchar la sentencia.
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que se inició el 11 de abril del año pasado, después de varios aplazamientos registrados desde 2022. EFE
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