La Corte Constitucional de Ecuador alerta sobre acciones que comprometen su seguridad
Quito, 12 ago (EFE).- La Corte Constitucional (CC) de Ecuador alertó sobre acciones que considera comprometen su seguridad institucional ocurridas este martes, cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideraba una marcha en contra del alto tribunal, que suspendió una veintena de artículos de tres polémicas leyes propuestas por el Ejecutivo y ya aprobadas por el Legislativo.
La CC puntualizó que como «máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional», tiene el deber «de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución», según un comunicado difundido en el contexto de la marcha.
La CC indicó que el vallado perimetral instalado de manera habitual en los exteriores de la institución fue retirado la tarde del lunes «sin notificación previa» y añadió que el perímetro de la institución ha sido militarizado en su totalidad, con un despliegue inusual de Fuerzas Armadas, con cientos de efectivos».
Y señaló que a las 10:30 hora local (15:30 GMT), media hora antes de que iniciara la marcha el presidente, «la escolta institucional, tras varias insistencias», logró vallar nuevamente el perímetro institucional.
«Durante el recorrido de la marcha se han colocado vallas publicitarias con las rostros de juezas y jueces de la Corte Constitucional, lo que constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este organismo», añadió.
Esta mañana, apareció en un parque de Quito una pancarta gigante con los rostros y nombres de nueve jueces de la CC con la leyenda: «Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían».
Entre esos artículos suspendidos figuran el que le confieren al presidente prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite agentes encubiertos y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.
En su rueda de prensa semanal, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, negó este martes que el gigantesco cartel haya sido financiado con fondos públicos.
En su comunicado, la CC puntualiza que, «como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución». EFE
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