La desaparición forzada, un «crimen atroz» que persiste pese a los avances, alerta la ONU
Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- La desaparición forzada sigue siendo «un crimen atroz» y una «violación múltiple» de derechos humanos que persiste en distintas regiones del mundo pese a los avances legales y su reconocimiento como delito, advirtió este viernes la vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Carmen Rosa Villa.
En una entrevista con EFE en Honduras, Villa afirmó que las desapariciones forzadas «no han dejado de existir» y que ocurren «en el norte, en el sur, en el este y en el oeste», por lo que llamó a los Estados a reforzar las medidas para prevenirlas y erradicarlas.
La experta participó en Tegucigalpa en el foro ‘Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos’, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
«Un crimen continuado y múltiple»
Villa destacó la evolución de la respuesta internacional frente a este delito y recordó que la Convención, aprobada en 2006 y vigente desde 2010, establece obligaciones para los Estados destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
El fenómeno pasó «de ser una práctica encubierta, que es lo que ocurrió durante muchos años, en los años 80, a ser ahora un crimen reconocido internacionalmente y condenado por los Estados», sostuvo.
Actualmente, 78 Estados son parte del tratado, una cifra que, según Villa, refleja el compromiso internacional para «erradicar y prevenir la desaparición forzada» y «luchar contra la impunidad por ese crimen».
Uno de los principios fundamentales de la Convención, según indicó, es que «nadie será sometido a desaparición forzada» y que «no hay circunstancias excepcionales que justifiquen» este hecho.
La vicepresidenta del CED explicó que este delito tiene carácter continuado y solo concluye cuando se determina «la suerte o el paradero» de la víctima.
«Es un crimen atroz. Es una violación múltiple de derechos humanos», enfatizó Villa, a la vez que señaló que estas acciones vulneran la vida, la integridad y la personalidad jurídica, y suelen ir acompañadas de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Entre los avances, la funcionaria de Naciones Unidas destacó el reconocimiento de los familiares como víctimas, al sufrir un «duelo permanente», y la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo, aunque advirtió de desafíos relacionados con las penas y la prescripción.
«El peso sobre los familiares»
Villa puso especial énfasis en el impacto de las desapariciones sobre las familias, especialmente sobre las mujeres que lideran la búsqueda y enfrentan «amenazas, represalias y estigmatización».
«Muchas de ellas dejan de trabajar para dedicarse a buscar», afirmó la vicepresidenta del CED, quien alertó de las consecuencias económicas y sociales, además de «un profundo dolor» y «un profundo trauma que se transmite de manera transgeneracional».
Con respecto a esta situación, remarcó que localizar a las personas desaparecidas es responsabilidad del Estado y que la búsqueda debe realizarse bajo presunción de vida, con enfoque de género e interseccional, y vinculada a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En ese sentido, Villa instó a visibilizar un crimen que no solo «viola múltiples derechos», sino que también quebranta el entramado social.
«La desaparición forzada no es un problema de las víctimas. No le atañe solo a las víctimas. Le atañe a la sociedad en su conjunto», afirmó, al advertir que estos crímenes dejan heridas que «no se cierran».
Fortalecer los institutos forenses y crear registros unificados son medidas urgentes para aliviar el dolor de las familias que buscan e identifican a personas desaparecidas, un esfuerzo que requiere «voluntad política, recursos y personal capacitado», sostuvo Villa.
Entre los principales desafíos del CED figuran lograr la ratificación universal de la Convención y que los Estados cumplan sus recomendaciones mediante políticas públicas efectivas. EFE
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