La detención de activista de derechos humanos preocupa a organizaciones en El Salvador
San Salvador, 26 feb (EFE).- Diversas organizaciones manifestaron este miércoles su preocupación por la detención arbitraria de Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y quien ha denunciado ante la Fiscalía situaciones de tortura en las cárceles.
«Fidel es defensor de derechos humanos y vocero de UNIDEHC, quien además ha denunciado diversos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales dentro de al menos dos centros penitenciarios de El Salvador», indicó en un comunicado la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que aglutina a varias organizaciones.
Indicó que «estos hechos ocurridos en el marco del régimen de excepción fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), a la fecha no se conocen avances sobre la investigación» de lo denunciado por Zavala tras ser liberado después de pasar 13 meses en detención.
Por su parte, la organización Cristosal urgió a las autoridades a que «eviten colocarlo bajo la custodia de los funcionarios que él mismo ha denunciado como responsables de torturas y muertes de personas privadas de libertad».
Estas organizaciones también se mostraron preocupadas por la detención de los líderes comunitarios Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas, pertenecientes a la comunidad La Floresta, la cual enfrenta un proceso de desalojo.
El martes habrían sido detenidos también los directivos de la comunidad José Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco, «quienes también denunciaron las irregularidades cometidas» por la Policía ante la Fiscalía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a Zavala.
Lamentaron también los allanamientos realizados a las oficinas de UNIDEHC y la casa de la abogada y defensora de derechos Ivania Cruz.
Cristosal recordó que UNIDECH «brinda defensa penal en casos de detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción», vigente en el país desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
«Los perfiles de Fidel Zavala e Ivania Cruz, junto con las modalidades de las acciones emprendidas en su contra por autoridades fiscales y policiales, sugieren una posible motivación de represalia e intimidación por su labor en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de abusos», subrayó Cristosal.
Este régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales, y se ha convertido en la medida más popular del Gobierno de Nayib Bukele.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE
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