La directora de la OIM elogia el ejemplo de España por favorecer vías legales para migrar
Madrid, 19 mar (EFE).- La directora general de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Amy Pope, elogió este jueves, tras una visita a Madrid, el ejemplo que representa España para Europa en su labor de establecer vías legales para migrar.
«Lo que España está demostrando tiene repercusiones más allá de sus fronteras», dijo Pope en un comunicado publicado después de una visita de dos días al país, que acaba de aprobar un proyecto para regularizar a cerca de medio millón de migrantes que viven sin permiso de residencia en España.
Así, «mientras Europa debate cómo gestionar la migración, España demuestra que las vías legales, la integración en el mercado laboral y la dignidad humana no son prioridades contrapuestas, sino la misma», afirmó la directora.
Pope se reunió con varios ministros del Gobierno y aseguró que la OIM quiere trasladar esta experiencia para «que otros países y regiones puedan aprender», en un momento «en que la cooperación internacional en materia de migración sigue siendo esencial».
«Ambas partes reafirmaron su compromiso con la promoción de una migración segura, ordenada y regular, basada en la cooperación internacional, la dignidad humana y la responsabilidad compartida», destacó la OIM en el texto.
El Gobierno anunció a finales de enero que llevaría a cabo una regularización migratoria para retomar el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas, que, aunque superó su toma en consideración en la Cámara Baja, había quedado bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.
A finales de enero de 2026, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria migratoria pactada con su socio de coalición Podemos, dirigida a quienes pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carecieran de antecedentes penales.
La admisión a trámite otorga una autorización inicial de residencia y trabajo por un año y suspende procedimientos de expulsión por motivos administrativos.
La medida, una vez sea aprobada de forma definitiva, podrá beneficiar a en torno medio millón de personas, estima el Gobierno, en un contexto en el que distintos análisis sitúan en unas 840.000 las personas migrantes en situación irregular en el país, lo que ha generado un intenso debate político. EFE
ime/mra
