La JUR pide aplicar cuanto antes las nuevas normas europeas de gestión de crisis bancarias
Bruselas, 15 jul (EFE).- El presidente de la Junta Única de Resolución (JUR), Dominique Laboureix, instó a la Unión Europea (UE) a implementar «cuanto antes» el acuerdo sobre el nuevo marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos (CMDI, en sus siglas en inglés), que consideró «un paso en la buena dirección».
En una audiencia con la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, el jefe del organismo encargado de intervenir en caso de grandes quiebras bancarias en la UE instó a aplicar una reforma que, «si bien podría haber sido mejor», va en «la dirección correcta» puesto que se centra en «avanzar hacia una mayor estabilidad financiera».
El nuevo marco, presentado por la Comisión Europea en 2023, buscaba ampliar la posibilidad de aplicar una resolución dirigida por la UE a más bancos de pequeño y mediano tamaño con el fin de desalentar que los países opten por una liquidación conforme a sus legislaciones nacionales, que con frecuencia han acabado en rescates o recapitalizaciones pagadas con dinero público.
Intentaba así mantener el espíritu de la legislación bancaria acordada tras la crisis financiera precisamente para evitar rescates públicos y obligar a las entidades a construir colchones para correr con esas pérdidas.
Para garantizar financiación suficiente llegado el caso de tener que poner bajo resolución a una de estas pequeñas entidades, la propuesta preveía que pudiesen utilizarse los fondos de garantía de depósitos nacionales cuando la entidad en cuestión no llegase al 8 % de fondos propios y pasivos elegibles que exige la normativa europea para costear esos rescates internos.
El acuerdo cerrado el pasado 25 de junio entre los Estados miembros de la UE y la Eurocámara selló este enfoque al permitir que se utilicen parte de estos fondos como «puente» cuando una entidad no tenga suficientes colchones para absorber pérdidas con el fin de cubrir la brecha hasta que el banco pueda ser vendido en el marco de la resolución, explicó Laboureix.
Sin embargo, añadió, los legisladores no han optado por hacer de la resolución la opción por defecto cuando un banco pequeño o mediano atraviese problemas, sino que prevé que «todos estos bancos tengan que ir a una liquidación excepto aquellos en los que haya un interés público» que se evaluará conforme a unas normas comunes también acordadas.
Con todo, el nuevo marco aumentará el número de entidades a las que podrá aplicarse una resolución en caso de problemas, de ahí que la JUR considere que la medida va en la dirección correcta.
Laboureix no pudo precisar aún cuántos bancos se sumarían a esa categoría puesto que la JUR evaluará la situación una vez que el texto se haya adoptado e implementado para determinar cuales de estas entidades, sobre todo bancos regionales, podrían tener impacto sistémico y caer del lado de la resolución.
A los que entren en esa categoría, recordó, la JUR les exigirá que construyan colchones de capital, fijando objetivos concretos y dándoles un periodo de transición para alcanzarlos, así como que preparen planes de resolución para un escenario de crisis.
Actualmente, indicó, 170 bancos de los 2.500 que hay en la unión bancaria (la eurozona más Bulgaria) están bajo el paraguas de la resolución.
La JUR había criticado durante las negociaciones del acuerdo que las condiciones propuestas por los Estados miembros para que pudiesen usarse los fondos de garantía de depósitos en resoluciones eran «demasiado numerosas y complejas» como para que el sistema llegase a funcionar, pero finalmente el número de condiciones se ha reducido y podrá accederse a esos fondos, indicó Laboureix. EFE
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