La oposición uruguaya cuestiona al Gobierno y pide otra investigación por el caso Cardama
Montevideo, 18 feb (EFE).- Legisladores de la oposición de Uruguay solicitaron crear una comisión investigadora en la Cámara de Representantes para analizar el proceso que llevó a la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, apuntando a un «ocultamiento» por parte del Gobierno que encabeza Yamandú Orsi.
Por estos hechos, a petición del oficialista Frente Amplio, este miércoles se creó una comisión preinvestigadora para evaluar la pertinencia de abrir una investigación parlamentaria sobre el contrato entre el Estado y el astillero español para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV).
La petición de la oposición fue firmada por el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez bajo el argumento de investigar «los verdaderos motivos de la rescisión».
«Es necesario investigar el accionar de integrantes del actual gobierno, concurrente para dejar sin efectos por razones políticas las construcciones de las OPV», sostiene la solicitud, en la que se afirma que la decisión de rescindir el contrato «se viene manejando desde antes que asumiera el gobierno el 1 de marzo de 2025».
La oposición manifiesta que, con el contrato aún vigente, el Gobierno ya estaba «en conversaciones con posibles proveedores de OPV».
En el escrito se denuncia un constante «ocultamiento» por parte del Gobierno de Orsi de «toda información solicitada por los legisladores».
Con respecto a la construcción de las patrulleras, se argumenta que los atrasos de las obras son responsabilidad de administración de la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, «por demorar en responder requerimientos» de la empresa, con lo cual se «expone al país a una demanda internacional millonaria».
El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, firmó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
El pasado 22 de octubre, el nuevo Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.
El mandatario afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la justicia penal, que luego amplió.
El viernes 13 de febrero, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó la rescisión del contrato y el inicio de acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado y adquirir las patrulleras oceánicas. EFE
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