Las herramientas de la Unión Europea ante crisis migratorias como la de Ceuta
Bruselas, 31 jul (EFE).- La reciente presión migratoria en la frontera terrestre de Ceuta (España) vuelve a situar en el centro del debate político la eficacia de las devoluciones y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).
Mientras el Pacto sobre Migración y Asilo se encuentra plenamente operativo desde el pasado 12 de junio, la UE afronta la recta final de la tramitación del Reglamento de Retornos, la norma que sustituirá a la directiva de 2008 para imponer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros.
Estas son las claves sobre las normas vigentes, las herramientas operativas y el estado del nuevo reglamento:
1. El Pacto de Asilo y Migración
A diferencia del Reglamento de Retornos, el marco general del Pacto sobre Migración y Asilo es de obligado cumplimiento en toda la UE desde el 12 de junio de 2026.
Este paquete normativo impone los controles obligatorios de filtrado de siete días a la llegada a la frontera, la toma de datos biométricos en el sistema Eurodac a partir de los seis años de edad y el mecanismo de solidaridad obligatoria entre los socios comunitarios.
2. Medidas ya operativas sobre el terreno
En puntos de alta tensión como Ceuta, la UE aplica ya mecanismos operativos apoyados por el nuevo sistema, como la lista de países de origen seguros -en la que está incluido Marruecos-, un catálogo que permite a las autoridades clasificar las solicitudes de asilo de sus nacionales como presuntamente infundadas y aplicar procedimientos exprés de inadmisión y retorno en la frontera.
También está activa la externalización del control migratorio mediante la cooperación policial y acuerdos bilaterales de contención previa, así como la presencia sobre el terreno de la Agencia de Asilo de la UE y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), que cuenta con una treintena de efectivos en el terreno, según fuentes comunitarias.
3. Situación del Reglamento de Retornos
El texto del Reglamento de Retornos, aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, espera su adopción formal por el Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.
Este reglamento plantea, entre otros puntos, la agilización de las expulsiones y la creación de centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países que cumplan una serie de requisitos basados en los derechos humanos, una herramienta a la que España se ha opuesto desde su concepción.
4. Sistema de solidaridad
El nuevo marco migratorio ya incluye la Reserva Anual de Solidaridad, un sistema obligatorio pero flexible que fija un suelo comunitario de 30.000 reubicaciones de solicitantes de asilo al año o una bolsa de 600 millones de euros, calculada según la población y el PIB de cada Estado.
Los socios comunitarios que rechacen acoger a migrantes en su territorio deberán abonar 20.000 euros por cada persona no reubicada de su cuota. Esta compensación financiera se destina a reforzar las fronteras exteriores, las infraestructuras de acogida y la cooperación en países de origen.
La normativa exime de estas aportaciones a los países de primera línea -como España- cuando la Comisión Europea determine que sufren «presión migratoria», lo que les permite dejar de pagar y convertirse en receptores netos de fondos, personal operativo o reubicaciones. EFE
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