Le Pen, antes de conocer la requisitoria fiscal: «Nunca espero una sorpresa agradable»
París, 3 feb (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, confesó este martes a la prensa que «nunca» espera una «sorpresa agradable» al pisar un tribunal, pero aún cree en los «milagros» cuando se enfrenta esta tarde a la requisitoria fiscal en su juicio en apelación por malversación de fondos europeos.
«Nunca espero una sorpresa agradable al pisar un tribunal», comentó hoy a la prensa Le Pen, que fue condenada en primera instancia a cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público, lo que bloquea por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales en 2027.
Marine Le Pen, sin embargo, se mantiene optimista y afirma creer «en milagros». Aún espera una absolución o una reducción de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. «No depende de mí, no tengo todas las cartas en la mano», confesó, consciente de que su futuro político está en juego.
La petición de penas de los representantes del Ministerio Público contra ella y otros once miembros de su partido, Agrupación Nacional (antes Frente Nacional), de los veinticuatro condenados en primera instancia empezó a las 13.30 horas, tras la intervención por la mañana de los abogados del Parlamento Europeo, y se espera que se prolongue durante al menos cinco horas.
El martes por la mañana los dos abogados del Parlamento Europeo, única parte civil en este caso, presentaron sus argumentos. Destacaron que «la confianza que los ciudadanos depositan en los eurodiputados (..) ha sido traicionada durante años y por valor de varios millones de euros».
En este juicio en apelación, que comenzó el pasado 13 de enero, Le Pen busca revertir la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos de la Eurocámara, que le impuso cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.
En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de 4 millones de euros.
En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. «Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho», afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.
La presidenta del tribunal, Michèle Agi, confrontó a Le Pen con pruebas sobre la contratación de su secretaria particular, Catherine Griset, y de su guardaespaldas, Thierry Légier, ambos pagados con fondos europeos.
Le Pen admitió errores administrativos, como permitir que Griset trabajara en la sede del partido, pero negó que existiera un sistema organizado de desvío de fondos. También reconoció que su padre, Jean-Marie Le Pen, ideó el modelo de «mutualización» de asistentes parlamentarios, aunque lo consideró una práctica corriente y no irregular.
El tribunal ya ha aceptado acotar parte de la acusación, descartando un 30 % de los contratos cuestionados, lo que supuso una primera victoria para su defensa. A lo largo del proceso, Le Pen ha mantenido un tono más moderado que en la primera instancia, evitando confrontaciones directas y apelando a la transparencia de sus actos.
El juicio en apelación está previsto que termine el próximo 13 de febrero y la sentencia se espera este verano. EFE
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