Los ataques a las agencias humanitarias y el conflicto abocan a los sursudaneses al abismo

Atem Simón Mabior

Yuba, 10 feb (EFE).- Cargada con su hijo, Mary Paul Koryom cruzó el río Pibor para escapar de una muerte segura en la localidad de Akobo, en el este de Sudán del Sur, y en busca de alimentos y atención médica, inexistentes en esta zona del país tras la suspensión de las operaciones de varias agencias humanitarias por el conflicto.

«Tuvimos que huir con mi otro niño en busca de seguridad. La situación no se puede aguantar, no hay quien ofrezca ayuda, hemos venido aquí en busca de comida», dice a EFE desde la zona de Goulyar, también en el estado oriental sursudanés de Jonglei, escenario de combates entre las tropas gubernamentales y la oposición armada.

La violencia obligó a varias agencias humanitarias a suspender sus operaciones, ya que varios ataques fueron dirigidos contra sus instalaciones. Mary Paul, de 30 años, perdió a uno de sus hijos por falta de tratamiento para el cólera en Akobo y porque la gente «se ve obligada a beber agua contaminada de charcas».

«No quiero perder a mis dos hijos por hambre y malnutrición», afirma la madre, que asegura sentirse abandonada por las organizaciones humanitarias que han salido de la zona de conflicto.

Una catástrofe humanitaria

Naciones Unidas proyecta que en 2026 más de 10 millones de personas -es decir, dos tercios de la población- necesitarán algún tipo de asistencia humanitaria, en un momento de «graves emergencias» marcadas por las crisis climáticas, la violencia «incesante» y brotes de enfermedades.

A esto se le suman los ataques contra organizaciones humanitarias y saqueos a convoyes de ayuda en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y opositoras, unos choques iniciados hace casi un año que han ido escalando de manera preocupante y que han hecho trizas el frágil acuerdo de paz en Sudán del Sur.

Sudán del Sur, el país más joven del mundo, se independizó de Sudán en 2011 y, en 2013, estalló una guerra entre el Gobierno y la oposición armada que dejó un saldo de 400.000 muertos.

Esa guerra culminó en 2018 con la firma de un acuerdo de paz, cuyos términos nunca llegaron a aplicarse del todo. Ahora la violencia armada entre las partes ha resurgido ante la imposibilidad de llevar a cabo la transición política.

Sin ayuda

Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió sus operaciones en Akobo la semana pasada después de que su sede fuera atacada, al tiempo que denunció que los combates hacen que sea «imposible» brindar ayuda a los miles de civiles afectados por la violencia.

La organización tuvo que tomar medidas similares en las regiones meridionales del río Yei y Morobo, en Ecuatoria Central, después de ataques similares contra sus empleados, mientras que el pasado día 4 acusó a las fuerzas gubernamentales de bombardear su hospital en Lankien, en Jonglei.

Ante el galopante deterioro de la situación humanitaria, miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares y, fuentes humanitarias consultadas por EFE estiman que al menos 300.000 personas han sido afectadas de forma directa por los choques, mientras que el 60 % de las poblaciones de estas zonas no tienen acceso a alimentos.

Además, desde principios de año se han registrado 479 casos de cólera en Sudán del Sur, 125 de ellos solo en Jonglei, donde los centros sanitarios están saturados, hay una escasez aguda de suministros y se están propagando enfermedades como el sarampión y la malaria, especialmente entre niños, embarazadas y ancianos.

En Duk, en Jonglei, el coordinador de Sanidad de la Fundación John Dau, Arak Simon, afirma a EFE que sus centros están saturados y que hay un flujo constante de personas que «llegan tras dos o tres días de viaje por el río y en condiciones graves como deshidratación o shock por hipohidratación».

«Hemos registrado siete muertes cada día en las últimas dos semanas», afirma.

Al borde de la hambruna

UNICEF advirtió a principios de mes que más de 450.000 niños corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda debido a que las hostilidades están causando desplazamientos masivos, la interrupción de servicios críticos de salud y nutrición en Jonglei, donde 250.000 personas han sido desplazadas en el norte y el centro del estado.

Asimismo, alertó que ha registrado el cierre de 17 centros de salud en todo el país debido al conflicto, mientras que ha contabilizado diez saqueos de suministros de salud y alimentos, cinco de ellos en Jonglei.

De hecho, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la suspensión de todas sus actividades en el condado de Baliet, en el estado del Alto Nilo, en el noreste de Sudán del Sur, después de ataques contra uno de sus convoyes hace dos semanas.

Kon Juach, uno de los líderes locales de Bailet, asevera a EFE que la situación es «catastrófica» en esta zona en la que habitan unas 900.000 personas, y asegura que se están registrando muertes por hambruna y enfermedades.

«Estamos al borde de la hambruna. Irá a peor después de que los grupos armados se hayan apropiado de la ayuda alimentaria que nos iba a salvar la vida», sentencia. EFE

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