Los Indígenas de Ecuador exigen al Gobierno que continúe el subsidio al diésel
Quito, 16 sep (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, exigió al Gobierno derogar de forma «inmediata» el decreto que elimina el subsidio al diésel, que provocó protestas que este martes mantienen cierres parciales en vías en dos provincias del país.
«Exigimos al Gobierno de Daniel Noboa la derogación inmediata del decreto 126 que perjudica al sector más empobrecido, al pueblo ecuatoriano», dijo el presidente de Conaie, Jaime Vargas, en un pronunciamiento desde la ciudad andina de Cuenca, en la provincia del Azuay (sur).
La declaración la hizo pocas horas después de que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reiterase que la decisión no tiene marcha atrás, y después de que Noboa declarase el estado de excepción en 7 provincias, entre ellas, Azuay.
Vargas convocó a la unidad a las comunas, comunidades, federaciones, organizaciones, nacionalidades y toda la estructura del movimiento indígena ante la situación que atraviesa el país, donde este martes se registraron bloqueos parciales de vías en el norte de provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y en zonas de la del Carchi, fronteriza con Colombia.
El líder indígena expresó su respaldo a quienes «se encuentran movilizados en todo el territorio nacional» pues al retirar el subsidio al diésel «nos quita más de 1.100 millones de dólares, que ha sido una política pública de todos los gobiernos de turno, que han venido respetando», dijo.
El subsidio al diésel suponía un gasto estatal de 1.100 millones de dólares al año, dinero que ahora el Gobierno ha dicho que invertirá en programas de protección social y subvenciones a transportistas y productores.
En su alocución, Vargas recordó que cuando Noboa fue candidato dijo que no toparía el precio del diésel. «Hoy acaba de mentirle usted al pueblo ecuatoriano», subrayó.
El presidente de la Conaie convocó a una Asamblea Extraordinaria de la Confederación para el próximo jueves para «que las bases tomen decisiones ante esta situación crítica que atraviesa el país».
Asimismo, indicó que la Conaie plantea asambleas permanentes, territoriales «para poder rechazar rotundamente este atropello a los derechos del pueblo».
«No es paquetazo»
El lunes, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, descartó la posibilidad de un diálogo con la Conaie, que el pasado viernes tildó de «paquetazo» la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que «el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular».
«No es un ‘paquetazo’, este es el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso de la historia de Ecuador», sostuvo Jaramillo.
Y aseveró que el Gobierno está abierto al diálogo más no a una negociación con los transportistas, e insistió en que está ya tomada la decisión de eliminar el subsidio y usar el dinero que se destinaba a ello para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Sobre la Conaie, dijo que «no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar».
La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) que les obligaron a recular ante medidas similares de eliminar los subsidios los combustibles, considera que «Noboa repite la fracasa de receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo».
La Conaie sostiene que con la decisión sobre el diésel, Noboa demuestra que no le importa el pueblo ni la gente y afirma que «por cumplir con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo».
Con la eliminación del subsidio, los precios de este combustible, usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera, pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.
Estas medidas se enmarcan dentro de los recortes de Noboa para alcanzar las metas de cierre del déficit estatal conforme marca el programa crediticio del FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028) en función del cumplimiento de una serie de metas puestas por el organismo internacional. EFE
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