Más de 170 oenegés piden a CIDH medidas de protección para activista detenido El Salvador
San Salvador, 10 mar (EFE).- Un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para el defensor de derechos humanos Fidel Zavala, detenido en El Salvador.
La petición se realizó mediante una carta en la que se pidió al organismo regional «abogar por la liberación inmediata de Zavala» y «exigir que el Estado salvadoreño respete su derecho a la vida y a la integridad personal, en el marco de sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos», según un comunicado.
Las oenegés recordaron que la detención se dio el 25 de febrero, tras acompañar a dos líderes comunitarios a presentar una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
«Nos preocupa el grave peligro que el señor Zavala pueda correr, en caso de ser trasladado a cualquier recinto de centros penales, por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024 en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna, así como de los directores de los centros penales La Esperanza y Santa Ana», indicaron en la misiva.
Alertaron a la CIDH que Zavala corre un «grave riesgo» por haber denunciado «los abusos que presenció en las cárceles salvadoreñas, donde estuvo detenido injustificadamente durante 13 meses», entre estos muertes de reos, abusos, torturas y corrupción.
La directora ejecutiva del Latin America Working Group, Vicky Gass, expresó que se requiere de una «acción urgente para proteger la vida e integridad física de Fidel Zavala» y que el gobierno debe otorgarle medidas alternativas a la prisión «por el riesgo que corre al ser trasladado a un centro penal».
La organización a la que Zavala pertenece, Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en el marco de la suspensión de garantías constitucionales vigente desde marzo de 2022 a través del régimen de excepción.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales, y se ha convertido en la medida más popular del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE
hs/sa/fa/pddp
