Magistrados de Túnez reclaman independencia de Poder Judicial ante influencia de Ejecutivo
Túnez, 27 jul (EFE).- La Asociación de Magistrados de Túnez exigió este lunes al Ejecutivo que respete la separación de poderes, especialmente la del Judicial, al considerar que el Gobierno del presidente tunecino, Kais Said, ha llevado «al retroceso más grave en la independencia» de este ámbito desde la fundación de la República en el país, hace 69 años.
Según explicó la organización en un comunicado, desde que el 25 de julio de 2021, el presidente Said se arrogó plenos poderes, se ha experimentado «un declive sin precedentes en las garantías institucionales y jurídicas de la independencia judicial, afectando, fundamentalmente, al equilibro de poder».
Los magistrados aseguraron que la injerencia se evidencia en la disolución del Consejo Supremo de Justicia Constitucional por decisión unilateral de Said, que lo sustituyó por un «órgano provisional sujeto a designación, lo que constituye una grave violación del principio de independencia judicial».
Dicha operación -subrayó la asociación- allanó el camino para la «completa subordinación del Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo», una denuncia que anteriormente hicieron también diversas agrupaciones de abogados y otros profesionales de la rama de la Justicia.
Además, recordaron otra «grave violación del principio de separación de poderes» cometida cuando Said destituyó a 57 jueces en junio de 2022, «sin garantías legales y con desacato a las sentencias del Tribunal Administrativo y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los pueblos» a favor de los destituidos.
Según los magistrados, en el último lustro, el Ejecutivo «ha gestionado directamente la trayectoria profesional de los jueces mediante traslados, nombramientos y asignaciones, emitiendo órdenes de trabajo durante todo el año sin garantías legales ni institucionales».
Agregaron que estas estrategias «han socavado la estabilidad profesional y social de los jueces y les ha causado un daño significativo debido a los traslados y asignaciones arbitrarias lejos de sus lugares de residencia».
Además, explicaron que las «arbitrariedades» afectaron, de manera personal, a miembros de la asociación, «defensora histórica de la independencia judicial», que -recordaron- fueron objeto de «campañas de persecución dirigidas a privarlos de su libertad de expresión y asociación».
«Estas campañas culminaron con la condena de su presidente, el juez Anas Hammadi, a un año de prisión por sus actividades asociativas y su defensa de la independencia del Poder Judicial, un peligroso precedente que constituye una violación de derechos», agregaron.
Said, tras dos años en la Presidencia, se arrogó plenos poderes en 2021 para «rectificar» el curso de la transición democrática en el único país de la región que avanzó en derechos civiles tras la Primavera Árabe.
Entonces, destituyó al Ejecutivo y suspendió el Parlamento, al tiempo que propuso un nuevo proyecto político que modificó la Constitución hacia un sistema «ultrapresidencialista», ante lo que consideró un empeoramiento de las condiciones del país. EFE
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