Ministro del Brasil anuncia envio del Acuerdo de Escazú al Parlamento para ser ratificado
(Corrige título y lead, bien: ratificado)
Buenos Aires, 11 may (EFE).- El ministro de Derechos Humanos del Brasil, Sílvio Luiz de Almeida, anunció este jueves que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva envió el Acuerdo de Escazú al Congreso brasileño para su ratificación, tras su participación en una reunión del Mercosur llevada adelante en Buenos Aires.
“El hecho de que el presidente (Lula) haya enviado el mensaje para que el Congreso analice el texto del tratado fue una gran victoria. Primero para todos los movimientos por los derechos humanos que se establecieron en el país en los últimos años”, explicó Almeida en declaraciones a la prensa, que participó de la 41 Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur.
El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace dos años, pero no fue remitido al Parlamento por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El ministro brasileño también publicó en su cuenta de Twitter que el tratado “fortalece los vínculos” entre políticas de derechos humanos y la protección del medio ambiente, ya que se deberá crear instrumentos de protección a los defensores ambientales y a las comunidades indígenas, algo ratificado por 15 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Argentina.
“Corresponde ahora al Congreso Nacional deliberar sobre este tratado, que genere una importante plataforma jurídico-institucional para la protección del medio ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos”, cerró en redes sociales el funcionario brasileño.
El encuentro, que finalizará este viernes, se trata de un espacio de coordinación intergubernamental sobre políticas públicas de derechos humanos y reúne a las principales autoridades de las instituciones competentes en la materia.
El acuerdo toma especial relevancia para Brasil, ya que junto a Colombia y Perú, pertenece a las naciones en las que residen grandes comunidades indígenas amazónicas y enfrentan dificultades a la hora de defender sus territorios por el avance de proyectos extractivistas.
Por otra parte, Almeida indicó que quedará en manos del Parlamento brasileño analizar y aprobar el acuerdo y que “en Brasil tienen un tratamiento bastante especial por la Constitución federal”.
“Si son aprobados por quórum de mayoría simple, son incorporados, por una decisión del Supremo Tribunal Federal, como una norma ‘supralegal’, o sea, son normas incorporadas y tienen fuerza de Ley federal”, remarcó.
“Y si fuera aprobado por mayoría calificada, se incorpora al ordenamiento jurídico brasileño con fuerza de medida constitucional”, concluyó Almeida. EFE
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