Miles de empleados sanitarios protestan en Rumanía contra recortes de sus ingresos
Bucarest, 3 jun (EFE).- Miles de trabajadores sanitarios salieron este jueves a las calles de Bucarest para protestar contra un proyecto de ley que, según denuncian, limitará sus ingresos.
El sindicato ‘Sanitas’, uno de los organizadores de la manifestación, cifró en 15.000 el número de personas llegadas desde todo el país a la capital para congregarse frente a la sede del Gobierno y reclamar «una ley justa».
En la protesta participaron también funcionarios de los ámbitos de las finanzas y la justicia.
El descontento ha surgido a raíz de un proyecto de ley sobre salarios del sector público que, actualmente sometido a debate, reduce las primas y limita significativamente los sueldos en esos sectores.
“Casi el 70 % de los empleados del sistema sanitario público sufrirá pérdidas salariales. No se trata solo de una pérdida de ingresos corriente, sino de que cualquier empleado que pase de un nivel de antigüedad a otro perderá compensaciones”, explicó a EFE Razvan Gae, vicepresidente de Sanitas.
Los manifestantes denuncian además una situación general precaria en el sector de la salud, con bonificaciones congeladas desde 2018, contrataciones bloqueadas y una sobrecarga de trabajo que ha llevado a muchos profesionales a abandonar sus empleos por agotamiento.
Según Gae, el volumen de trabajo es enorme y las actuales propuestas de la controvertida ley restan todo el atractivo al sistema sanitario.
Su sindicato exige una legislación más favorable y asegura que, de no lograrse ese objetivo, no solo continuarán las protestas en los próximos días, sino que también pedirán el apoyo de organizaciones sindicales europeas para presentar una queja formal ante la Comisión Europea.
En el sector financiero, los trabajadores reivindican aumentos salariales para el personal del Ministerio de Finanzas y sus organismos subordinados, mientras que los empleados del sistema judicial, que ya llevan días bloqueando audiencias en señal de protesta, se quejan de que con la nueva ley sus ingresos se reducirían en una media de unos 1.500 lei (unos 300 euros).
El ministro de Trabajo, Dragos Pîslaru, ha admitido que existen «problemas reales» que requieren un nuevo análisis de las medidas proyectadas, pero al mismo tiempo ha advertido de que la reforma de la ley debe ser adoptada antes del próximo 31 de agosto para que el país no pierda fondos comunitarios.
Los planes de austeridad han desencadenado ya una crisis de gobierno, pues fueron la principal razón por la que el socialdemócrata PSD abandonó la coalición europeísta en el poder, abriendo un incierto periodo de complejas negociaciones para formar un nuevo gabinete, en medio de una recesión técnica y la acuciante necesidad de reducir el déficit, que en 2025 se situó en el 7,9 %, el mayor de la Unión Europea (UE). EFE
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