ONG denuncia a la Comisión Europea ante el TJUE por designar minas estratégicas en España
Bruselas, 10 feb (EFE).- La ONG Ecologistas en Acción denunció este martes ante el Tribunal de Justicia de la UE a la Comisión Europea por «vulnerar la legislación ambiental europea y el derecho a una buena administración» al declarar como «estratégicos» proyectos mineros españoles en Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
«La Comisión ha convertido la evaluación ambiental exigida por la ley en un trámite puramente formal y superficial, aceptando sin contraste la información proporcionada por las empresas promotoras, incluso en casos con graves antecedentes de ilegalidad ambiental», declaró en un comunicado el abogado que representa a la ONG, Jaime Doreste.
La demanda pretende que se anule la decisión del Ejecutivo comunitario relativa a los proyectos mineros de Doade (Galicia), Las Navas, La Parrilla y Aguablanca (Extremadura), Las Cruces (Andalucía) y El Moto (Castilla-La Mancha).
Todos ellos han sido designados como «proyectos estratégicos» en el marco de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, que busca reducir la dependencia de la UE en suministros foráneos claves para la transición verde. Los «proyectos estratégicos» de la UE reciben un respaldo institucional comunitario, procesos acelerados, acceso preferente a la financiación y mayor seguridad jurídica.
Las explotaciones de Doade y Las Navas buscan extraer litio, un mineral valioso en la fabricación de baterías eléctricas; los proyectos de La Parrilla y El Moto aspiran a obtener y procesar wolframio (que da lugar al tungsteno) y las minas de Aguablanca y Las Cruces se centran en encontrar níquel y cobre y, en menor escala, otros metales como zinc, plomo, oro o plata.
Ecologistas en Acción considera que Bruselas ha «incurrido en errores de derecho y de apreciación al declarar estos proyectos como estratégicos, pese a que no cumplen los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza exigidos por el propio Reglamento europeo».
La ONG ya había recurrido la decisión de la Comisión, presentando «evidencias de cómo las tres explotaciones en activo -Aguablanca, Las Cruces y la Parrilla- son casos paradigmáticos de malas prácticas, acumulando sanciones o condenadas por la vía penal por daños medioambientales y otras ilegalidades, mientras que los otros tres supondrían impactos críticos en los ecosistemas».
Sostienen que el Ejecutivo «renunció a ejercer su obligación de control, escudándose en que las evaluaciones ambientales corresponden a los Estados miembros, incluso cuando varios de los proyectos carecen todavía de autorizaciones ambientales válidas o han sido anuladas por los tribunales, como es el caso de Las Cruces, o han sido suspendidos y sancionados por minería ilegal, como La Parrilla».
«El reglamento de Materias Primas Críticas exige que los proyectos estratégicos se ejecuten de manera sostenible. No es jurídicamente aceptable declarar ‘estratégico’ un proyecto cuya sostenibilidad no ha sido evaluada de forma rigurosa o que arrastra un historial probado de incumplimientos ambientales», señaló Doreste.
La ONG española sigue los pasos de la denuncia presentada hace una semana por la organización ecologista ClientEarth y la plataforma Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) en relación con una mina de litio en la región Barroso, en el norte de Portugal.
«El enfoque de la Comisión sienta un precedente peligroso para la protección del medio ambiente, la participación pública y el Estado de derecho en la Unión Europea», señalaron entonces los denunciantes. EFE
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