ONG Tunecina acusa a la Comisión Europea de convertir a Túnez en vigilante de fronteras
Túnez, 28 oct (EFE).- La Comisión Europea, una delegación de la cual visitará este martes Túnez para examinar el cumplimiento de un memorando firmado en 2023 para reforzar el control de sus fronteras a cambio de apoyo financiero, ha convertido el país en un «proveedor de servicios de vigilancia» de fronteras, denunció el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES).
Una visita que se produce en un contexto de críticas «por el elevado coste humanitario» de este memorando, señaló la ONG en un comunicado, que busca establecer centros de detención de migrantes similares a los creados recientemente en Albania, por lo que acusó a la Unión Europea (UE) de «hipócrita» al utilizar como pretexto «vigilar el respeto de Túnez por los derechos y la dignidad de los migrantes».
Por ello pidió a las autoridades europeas detener la aplicación de este pacto y encontrar rutas de transportes seguras para las personas varadas, con el fin de evitar convertir Túnez en «un punto fronterizo europeo avanzado y una prisión abierta para migrantes y refugiados» y responsable de las «políticas de muerte que hacen de la dignidad humana un tema de negociación, trueque, compra y venta».
El único objetivo, insistió, ha sido impedir la movilidad de las personas hacia el territorio europeo y externalizar los efectos de las políticas migratorias europeas, haciendo prosperar a las redes de tráfico de migrantes y trata de seres humanos al negar el derecho de circulación, endurecer los requisitos de visados y restringir el acceso a la vivienda y el empleo de los migrantes.
«La represión sistemática se ha dirigido no sólo a los migrantes y refugiados sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a todos aquellos que expresan solidaridad con ellos. Esta represión ha perturbado el registro de las solicitudes de asilo, provocando lo que parece ser una retirada no declarada del Estado tunecino de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados», señaló el FTDES.
En lo que va de año cerca de 55.000 personas migrantes han llegado a las costas italianas, a apenas 150 kilómetros de distancia de Túnez, de los cuales el trece por ciento provienen del país magrebí, tercera nacionalidad más importante tras Bangladesh y Siria.
Las fuerzas de seguridad anunciaron en septiembre haber impedido la entrada ilegal de 30.000 personas, en su mayoría originarias del África Subsahariana, a través de sus fronteras terrestres mientras que interceptó embarcaciones precarias con más de 70.000 migrantes que trataban de alcanzar Italia.
Organizaciones humanitarias denuncian el racismo «institucional» después de que el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en 2021 para «preservar la paz social»- acusase a la población subsahariana de formar parte de un complot para cambiar la identidad «arabo-musulmana» del país.
Desde entonces miles de personas solicitaron el retorno voluntario a sus países y otras miles han optado por las salidas por mar ya que Túnez no es un lugar «seguro» para los migrantes, alertan las organizaciones, además de las campañas de detenciones arbitrarias, acoso y agresiones a personas negras, incluidos refugiados, demandantes de asilo y residentes legales. EFE
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