Organización civil de Hong Kong evalúa su futuro en medio de la crisis de la oposición
Hong Kong, 25 feb (EFE).- El Club de la Unidad de Hong Kong, fundado hace 24 años con un enfoque en la defensa de los derechos de las minorías étnicas, considera su disolución, una decisión que refleja un contexto alarmante donde numerosas organizaciones se han escindido tras la implementación de la controvertida Ley de seguridad nacional.
Con la celebración de una reunión general extraordinaria programada para este viernes, los miembros del Club evaluarán la viabilidad de su continuidad. Según informó este martes el diario Ming Pao, «su posible disolución no estaría relacionada con presiones políticas ni razones financieras».
La incertidumbre que rodea su futuro refleja un panorama más amplio de erosión de los derechos civiles en Hong Kong, donde las organizaciones que tradicionalmente han abogado por la justicia social enfrentan desafíos sin precedentes.
Precisamente, el Partido Democrático de Hong Kong, el mayor de los opositores y uno de los últimos en operar, consultará próximamente a sus 400 miembros la posibilidad de disolver la formación, lo que pondría fin a más de treinta años de actividad política en el territorio.
Su presidente, Lo Kin-hei, declaró el pasado jueves que un grupo de trabajo organizará una asamblea general para que las bases tomen la decisión final sobre su futuro y se ocupen de las cuestiones legales relacionadas con la liquidación del partido.
Por su parte, la Misión de China ante la Unión Europea (UE) expresó hoy su fuerte descontento y oposición a lo que calificó de «preocupaciones» de la UE sobre la moción de disolución del Partido Democrático, considerado crítico con el Gobierno chino.
En un comunicado publicado en su sitio web, la Misión instó al bloque europeo «a respetar la soberanía y la integridad territorial de China, a abstenerse de realizar comentarios irresponsables sobre los asuntos de Hong Kong y a cesar la injerencia en los asuntos internos del país».
Anitta Hipper, portavoz principal de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, manifestó que la «UE está profundamente preocupada por el estrechamiento del espacio para la sociedad civil hongkonesa», según informó el South China Morning Post el pasado sábado.
Fundado en 1994 y antaño el principal bastión de la oposición, la facción democrática se encuentra en una situación crítica, sin representación alguna en el consejo legislativo ni en los consejos de distrito.
Hablar de disolución «era inevitable», aseguró su líder, después de que muchos grupos y partidos locales, como el Cívico, se desmantelaran cuando Pekín impuso en 2020 la Ley de Seguridad Nacional en respuesta a las protestas prodemocráticas ocurridas en la excolonia un año antes.
La situación se tornó aún más compleja en marzo de 2021, cuando el Gobierno chino aprobó una ley destinada a asegurar que solo los «patriotas» pudieran gobernar en Hong Kong.
Esta normativa disminuyó significativamente la representación democrática en la asamblea, consolidó el control sobre los procesos electorales y estableció un panel de selección de candidatos alineado con los intereses de Pekín.
A pesar de las críticas, la agrupación se adaptó y consolidó como el principal referente del bloque opositor en la ciudad.
No obstante, su trayectoria dio un giro drástico con la imposición de la Ley de Seguridad Nacional: cuatro de sus legisladores fueron condenados en 2024 a penas de hasta seis años y nueve meses de prisión por conspiración para cometer subversión tras participar en unas ‘primarias’ no oficiales, que la Justicia interpretó como un complot para derrocar al gobierno.
Desde la entrada en vigor de dicha norma y las reformas electorales, se han producido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas o de sus familiares en los últimos años.
En la actualidad, la Policía de la excolonia ofrece un millón de dólares hongkoneses (unos 128.600 dólares, 122.768 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de al menos trece activistas exiliados en el extranjero, a los que se acusa de violar la Ley de Seguridad Nacional. EFE
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