PE cierra la petición sobre «aplicación incorrecta» del diálogo social en Castilla y León
Bruselas, 18 nov (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), que estudia las demandas planteadas por los ciudadanos de la Unión Europea (UE), decidió cerrar este lunes la petición de los sindicatos UGT y CCOO sobre una supuesta aplicación incorrecta de la legislación europea en el diálogo social en Castilla y León.
La demanda señalaba que el gobierno autonómico de Castilla y León, entonces formado por el Partido Popular y Vox, había incumplido los acuerdos europeos en vigor por lo que se estaba deteriorando el diálogo social en esa comunidad autónoma.
Todos los grupos parlamentarios, incluidos los peticionarios, votaron en contra de mantener abierta la petición ya que en marzo de este año este organismo ya trató el asunto.
El secretario general del sindicato UGT en Castilla y León, Faustino Temprano Bergara, señaló que esta demanda «ya se vio el 19 de marzo» en la comisión de Peticiones del PE y que posteriormente «la Eurocámara instó al Gobierno de España a que tomara las medidas oportunas».
«Nosotros no hemos reactivado la petición, un grupo parlamentario lo ha decidido. Esto es un sinsentido», indicó Temprano.
En la misma línea el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés Granado, señaló que desde su organización dieron por cerrado este asunto «sobre todo cuando en el mes de julio la extrema derecha decidió abandonar el gobierno de Castilla y León y de otras regiones».
«Ahí empezaron a restituirse los derechos y se recobró la normalidad democrática», señaló Granado.
En su intervención, la representante del departamento de Empleo de la Comisión Europea, Diana Crumpana, señaló que en marzo ya debatieron esta petición y que la CE envió su respuesta por escrito.
«La UE facilita y apoya a los interlocutores sociales a nivel europeo, pero es competencia de los Estados miembros tomar medidas. Sobre el diálogo social regional y nacional la CE no tiene competencia para emprender acciones», dijo.
Crumpana señaló también que los peticionarios «hicieron lo que tenían que hacer: dirigirse a las autoridades nacionales».
El eurodiputado del grupo Popular Europeo (EPP) Alexander Bernhuber quiso destacar que Castilla y León es «pionera en España en materia de diálogo social» y que en 2008 se creó el Consejo de diálogo social que tiene el objetivo de desarrollarlo.
Bernhuber señaló que «a principios del mandato con el acuerdo de gobierno entre PP y Vox que dio la consejería de Empleo al grupo de extrema derecha, los conflictos laborales aumentaron y se ralentizó la apertura de ciertas mesas negociadoras pero que desde entonces han dado «un nuevo impulso al diálogo social» con la apertura de nuevas mesas.
Por su parte, la eurodiputada socialdemócrata Sandra Gómez afirmó que «no sabía muy bien» que estaban haciendo en esta comisión respecto a la petición porque «cuando Vox salió del gobierno se solucionó la situación».
«Extrañamente, el grupo de Patriotas por Europa vuelve a traer esta petición a esta comisión cuando ellos precisamente defienden acabar con el acuerdo y el diálogo social», señaló Gómez.
Jorge Buxadé, del grupo Patriotas por Europa, «quiso aclarar» que su grupo está en contra de esta petición y, además, añadió que «ha habido un informe de la Comisión que dijo que no se había afectado el derecho a la negociación y a la acción colectiva consagrada en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea».
Ana Miranda, del grupo de los Verdes, lamentó que «partidos prefiriesen un sindicato único» y que «como hacen en las comisiones se traen unos temas sí y otros no».
El eurodiputado de la Izquierda europea Damien Carême señaló que «la extrema derecha había manipulado políticamente la situación» e indicó que «la petición no tendría nunca que haberse reabierto».
Por su parte la eurodiputada Maria Zacharia, del grupo de no inscritos, señaló que «se necesitan mejores condiciones de trabajo». EFE
pma/cat/psh
