Perú anuncia reforma estructural del sistema penitenciario y modelo de reinserción social
Lima, 3 feb (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que preside el derechista José Jerí, aplicará una reforma estructural del sistema penitenciario y del modelo de reinserción social de los jóvenes que cometen delitos, con la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), informó este martes el ministro de Justicia, Walter Martínez.
«Se trata de una decisión firme del Estado para recuperar el control de las cárceles y avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y orientado a la resocialización», señaló el ministro en un comunicado.
Martínez detalló que el Consejo de Ministros debatirá este mismo martes la creación de la Sunir y, tras su aprobación, se establecerá un periodo de transferencia de 90 días, por lo que la nueva superintendencia deberá estar en pleno funcionamiento, a más tardar, en junio próximo.
La medida implicará la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y su reemplazo por un organismo que unificará sus funciones con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
La reforma se complementará con acciones operativas para enfrentar a la criminalidad que surge en las prisiones, entre ellas confiscaciones permanentes, separación de internos según su nivel de peligrosidad y descentralización de servicios estratégicos, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), acotó.
Martínez también destacó el fortalecimiento del control de las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios, mediante el bloqueo de señales de telefonía móvil, y un trabajo articulado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para detectar y erradicar antenas ilegales utilizadas para la comisión de delitos.
El Gobierno que preside Jerí hasta julio próximo señala que su principal tarea es la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad en Perú, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo.
Lima y la provincia portuaria vecina del Callao se mantienen en estado de emergencia desde octubre pasado para luchar contra la criminalidad, aunque tanto expertos como la ciudadanía consideran que esa medida ha tenido poco impacto para contrarrestar el incremento de delitos como la extorsión y el sicariato (asesinato por encargo), que afectan principalmente a los transportistas públicos, pequeños empresarios y el sector de la construcción. EFE
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