Perú rechaza posible inclusión en informe anual de la CIDH por haber dado ley de amnistía
Lima, 19 sep (EFE).- El Gobierno de Perú defendió la ley de amnistía que ha aprobado en favor de policías y militares y rechazó que organizaciones internacionales hayan solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluya al país en su informe anual por «graves afectaciones al orden democrático y a los derechos humanos».
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronunció de esta manera luego de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitieran este jueves un pronunciamiento sobre la situación en el país andino.
Los organismos señalaron que Perú «cumple con los criterios para su inclusión en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mecanismo destinado al monitoreo cercano de países donde se configuran graves afectaciones al orden democrático y a los derechos humanos».
Por ese motivo, hicieron «un llamado a este organismo para que adopte esta necesaria medida» y afirmaron que «la inclusión de Perú en este capítulo representaría un reconocimiento de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y una herramienta clave para visibilizar la urgencia de adoptar medidas estructurales de corrección».
Gobierno peruano critica pedido de organizaciones
En respuesta, el Ministerio de Justicia aseguró que el Perú «reafirma la total independencia de las instituciones y rechaza la instrumentalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», del que el Gobierno peruano ha anunciado que está evaluando si se retira.
Consideró, además, que «no se cumplen los requisitos previstos en la normativa interamericana para que el Perú sea incorporado» en el capítulo indicado del informe anual de la CIDH.
«Exigimos el estricto respeto al Estado de derecho interamericano, en razón que el derecho internacional de los derechos humanos se basa en elementos jurídicos objetivos y no en interpretaciones parcializadas y arbitrarias de la realidad», agregó.
Recalcó, además, la vigencia de la ley de amnistía para militares, policías y miembros de comités civiles de autodefensa procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado con los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre 1980 y el año 2000.
El ministerio también ratificó la posición del Gobierno peruano de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos «tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario y no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna», tras lo cual rechazó «enfáticamente el afán injerencista de instituciones externas».
Los argumentos de los organismos internacionales
En su pronunciamiento, las organizaciones alertaron a la comunidad internacional «acerca de los crecientes ataques al sistema de justicia peruano y de las irreversibles consecuencias en caso de consumarse».
En ese sentido, denunciaron que el Congreso y el Ejecutivo «buscan neutralizar cualquier forma de control sobre legislación que vulnera derechos humanos, que beneficia a la criminalidad organizada o que debilita las facultades de la Fiscalía para perseguir la corrupción».
Agregaron que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana, «ha comenzado a tramitar procedimientos disciplinarios contra quienes, aplicando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, han inaplicado» la ley de amnistía, que fue aprobada en agosto pasado.
Los organismos también cuestionaron la intervención en este tema del actual Defensor del Pueblo y aseguraron que la JNJ se apresta a suspender a la actual fiscal general, Delia Espinoza, por no haber cumplido con reponer a su antecesora, Patricia Benavides, quien está siendo investigada por presuntamente haber liderado una red criminal al interior del Ministerio Público.
Por ese motivo, llamaron la CIDH para que incluya a Perú en su informe anual y a la comunidad internacional, organismos multilaterales y mecanismos de protección de derechos humanos «para que se pronuncien y dentro de sus competencias adopten medidas concretas que aborden esta situación». EFE
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