Pueblos indígenas exigen cese de expansión petrolera en la Amazonía de Perú
Lima, 8 nov (EFE).- Los dirigentes de las comunidades indígenas Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar exigieron este martes el cese de la expansión petrolera en sus territorios amazónicos y la remediación inmediata del derrame de crudo ocurrido en septiembre pasado en el Oleoducto Norperuano, que opera la estatal Petroperú.
A través de una resolución, los representantes de estos pueblos nativos expresaron las conclusiones de la V Asamblea de las Naciones Originarias, celebrada entre el domingo y el lunes en la localidad de San Lorenzo, en la selvática región peruana de Loreto.
En el documento, los dirigentes mostraron su rechazo a nuevas concesiones petroleras, “debido a que el incremento de esta actividad puede empeorar la situación de impacto del que son víctimas los pueblos indígenas en cuanto a la degradación de sus recursos de subsistencia y medios de vida fundamentales”, aseguraron.
Además, solicitaron la remediación “inmediata” de los pasivos ambientales en los territorios de los pueblos originarios afectados por derrames de hidrocarburos.
En ese sentido, reiteraron su llamado a las autoridades de Perú a contener y limpiar el último vertido de crudo reportado en septiembre pasado en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano, en la provincia del Datem del Marañón, de Loreto.
Este desastre ambiental, indicaron, “lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y está afectando territorios Chapra y Wampís”.
Por otro lado, pidieron anular el Lote 64 al considerarlo un “proyecto de explotación” que “proviene de un proceso inconsulto y premunido de prácticas de mala fe”.
“El proyecto del Lote 64 implicaría la destrucción de la biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de las naciones”, insistieron en el comunicado.
Por último, expresaron su oposición a la “militarización” del Oleoducto en los territorios indígenas, una medida que, según dicen, está proponiendo Petroperú bajo el argumento de protección y que, advirtieron, puede “traer abusos de trascendencia social muy negativos sobre las comunidades”. EFE
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