Piden al Constitucional de Bolivia proteger las elecciones judiciales que están en riesgo
La Paz, 16 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo pidió este miércoles al Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia que tome las acciones para garantizar los comicios judiciales previstos para el 1 de diciembre, en riesgo después de los fallos judiciales que declaran «desiertas» algunas fases del proceso.
«Estamos enviando una nota al presidente del TCP para que adopte las medidas necesarias y tome una decisión rápida, con celeridad y oportuna» en favor de las elecciones judiciales, mencionó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon el martes «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional por recursos que plantearon algunos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento para participar en los comicios.
Según Callisaya, una posible paralización de los comicios judiciales representa una «situación muy peligrosa» que «profundiza la fragilidad institucional democrática» de Bolivia.
«Sería funesto para la población que la institucionalidad del Estado no resuelva este problema», remarcó.
El defensor mencionó que contactará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que informe sobre las acciones que asumirá en este caso y también se acercará a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas.
Ante el peligro de que no se realicen las elecciones judiciales, el TSE indicó en la víspera que tomará «todas las acciones legales» para garantizar que se lleven a cabo y lamentó que las salas constitucionales se hayan «extralimitado en su análisis» al colocarse «por encima del Legislativo».
La oposición dice que es un «golpe a la democracia»
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) acusó, en un mensaje en la red X, al Gobierno de Luis Arce de convertir las elecciones judiciales «en una bolsa más de sus prebendas, vaciando de legitimidad el proceso».
El también exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) expresó también en redes que el Gobierno «acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia» para permitir que «los autoprorrogados sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades».
«Es más que urgente iniciar un diálogo político y ciudadano para iniciar una reforma estructural de todo el sistema, incluyendo la fallida modalidad de elección por voto popular de magistrados», expresó en X el expresidente Eduardo Rodríguez (2005-2006).
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en el que podrían salir electos jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios judiciales debían haberse realizado en 2023, pero no prosperaron por la diferencias entre el oficialismo y la oposición, además de por los recursos legales que obligaron a que la convocatoria volviera a cero varias veces.
En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta las nuevas elecciones.
La extensión de mandato de los jueces generó fuertes protestas de la oposición y del sector oficialista del MAS que respalda a Evo Morales, que realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, algo que finalmente no ocurrió.
Unos 7,8 millones de personas están habilitadas para votar en estas polémicas elecciones judiciales previstas para el próximo 1 de diciembre. EFE
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