Presidente de Guatemala acusa a la fiscalía de interferir en elección de máxima corte
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó este jueves a la fiscalía, con la que mantiene una guerra abierta, de interferir en el proceso para elegir a los magistrados del máximo tribunal del país.
Arévalo está enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y la consideran «corrupta» y «antidemocrática», tras intentar impedir la posesión del mandatario hace dos años.
La fiscalía, al alegar que investigaba supuestas irregularidades, allanó este jueves algunos centros de votación donde el Colegio de Abogados elegía a sus representantes titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.
Arévalo calificó en X el operativo como una acción «espuria» de la fiscalía para «interferir» en la elección y «amedrentar» a los votantes para «alterar» el resultado. Al cerrar la votación, que se vio interrumpida temporalmente por los cateos, el gremio escogió a Astrid Lemus como una de los cinco integrantes de la corte constitucional.
«Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones (…). Ganaron los abogados honestos», señaló el mandatario en otro mensaje.
La Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado también rechazó los allanamientos que consideró «una actuación de altísimo riesgo constitucional» al interferir con el ejercicio libre del sufragio.
El presidente acusa a la fiscal, que finaliza su mandato el próximo 17 de mayo, de formar parte de un entramado que supuestamente ha puesto la justicia al servicio de «criminales» y «corruptos».
Porras, abogada de 72 años y quien rechaza las acusaciones del presidente, aspira a ser magistrada de la Corte en representación de una universidad estatal, una elección que se definirá el próximo lunes.
Afirmó que quiere ser magistrada para garantizar la «correcta aplicación de la ley» y servir de «forma transparente, honrada» y «profesional».
Durante su actual gestión como fiscal, Porras ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafia, muchos de ellos forzados al exilio.
Arévalo tiene derecho a designar al nuevo fiscal y a uno de los cinco magistrados constitucionales.
En los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha sido cuestionada por presuntamente extralimitarse en sus funciones y favorecer a sectores vinculados con la corrupción.
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