Procurador de El Salvador rechaza que exista una política de persecución contra activistas
San Salvador, 10 mar (EFE).- El Procurador General de El Salvador, René Escobar, rechazó «categóricamente» este martes, en nombre del Estado salvadoreño, que en el país exista una política de persecución contra defensores de derechos humanos y defendió la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas.
«El Estado rechaza categóricamente que exista una política de persecución contra quienes ejercen labores de defensa, acompañamiento social, asistencia jurídica o liderazgo comunitario», expresó Escobar durante una audiencia pública en el desarrollo del 195 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Guatemala.
El procurador aseguró que «en El Salvador la defensa de los derechos humanos, el trabajo de organizaciones sociales y el ejercicio de la abogacía no constituyen delito, ni son por sí mismo motivos de investigación estatal».
«El Estado no persigue a personas por sus ideas, su visibilidad pública o su posición crítica. Las instituciones actúan únicamente cuando existen indicios sobre hechos concretos con relevancia penal», dijo el procurador, en respuesta a señalamientos de organizaciones nacionales y extranjeras de persecución y acoso por parte del Estado en El Salvador.
Escobar señaló que «la condición de personas defensoras de derechos humanos no puede interpretarse como una categoría de inmunidad de la ley» e insistió que «en El Salvador no se investigan a entidades, ni posturas, se investigan hechos y se determinan responsabilidades individuales cuando corresponde, conforme al principio de legalidad y de igualdad ante la ley».
Además, el procurador sostuvo que, «ante señalamientos graves de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción», «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promoción de actos, como desaparición forzada tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias».
«No existe base jurídica, ni fáctica que sustente una imputación de esa naturaleza», agregó.
Un informe divulgado este martes, en la sesión en la que compareció el procurador general, advierte que en el marco del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
Este régimen se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
La polémica medida es señalada de violentar derechos humanos, dejando más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado organizaciones humanitarias. EFE
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