Renuncia titular del ente que supervisa a jueces en Ecuador previo a su juicio político
Quito, 18 feb (EFE).- Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, que supervisa a los jueces, renunció este miércoles antes de que el Parlamento iniciara un juicio político en su contra por presunto incumplimiento de funciones por no haber protegido a un juez que denunció presiones para favorecer a un narcotraficante en un proceso judicial.
Godoy estaba en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Carlos Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos.
«Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia», señaló Godoy en su renuncia, según un comunicado del Consejo de la Judicatura, que señala que la renuncia es «irrevocable».
Godoy señaló que, en el marco de la actual coyuntura política, «ha considerado pertinente adoptar esta decisión».
El Consejo de la Judicatura apuntó que seguirá ejerciendo sus competencias con estricto apego al Estado de derecho y al fortalecimiento permanente de la Función Judicial, garantizando la «continuidad de los procesos en marcha».
A primera hora de este miércoles, el oficialista Ferdinand Álvarez, que dirige la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, avanzó que el bloque del movimiento derechista Acción Democrática Nacional (ADN) votaría por la censura de Godoy.
Los asambleístas estaban citado para las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles para el juicio político -planteado por el correísmo (izquierda)- contra Godoy luego de que la Comisión de Fiscalización recomendó al pleno proceder.
En sus conclusiones, la Comisión determinó que Godoy es «responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial».
Añadió que, como parte de su defensa, la autoridad «presentó memorandos y comunicaciones internas que, lejos de favorecerlo, se convirtieron en la principal prueba en su contra».
«Estos documentos evidenciaron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva, lo que demuestra una clara inoperancia en el ejercicio de sus funciones», apuntó.
El informe también permitió establecer que las acciones adoptadas por Godoy en el caso del juez Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia.
Posteriormente se conoció que ese extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy.
Godoy afirmó que él no envió a nadie a presionar a Serrano y que cuando la institución se enteró de que le quitaron la seguridad al juez pidió al Ministerio del Interior que se la restituyan.
Con respecto a su esposa, dijo que ella nunca intervino en el proceso penal, sino que había sido parte del caso antes de la formulación de cargos. EFE
sm/gpv
