Restricción de visitas en cárcel de máxima seguridad de Ecuador irá a Corte Constitucional
Guayaquil (Ecuador), 6 oct (EFE).- Una jueza de Ecuador decidió este martes preguntar a la Corte Constitucional si la restricción de visitas familiares establecida para los presos de la cárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa es compatible con la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Así lo anunció el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, la organización que el pasado 24 de agosto interpuso junto a familiares de los reclusos una acción de protección con la que exigían al Gobierno que les permita comunicarse y visitar a los presos de la Cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes criminales.
En ese entonces, los familiares denunciaron que no habían podido hablar con sus parientes desde que fueron trasladados a esa prisión, inaugurada en noviembre del año pasado, y que habían interpuesto decenas de recursos judiciales para acceder a ese derecho, los que habían sido rechazados o ignorados.
Según el CDH, la restricción de visitas se aplicó durante varios meses sin que existiera una normativa que la estableciera de manera expresa, y que recién el pasado 12 de septiembre, cuando faltaban dos días para la instalación de la primera audiencia de esta acción de protección, el Ministerio del Interior expidió un reglamento.
Se trata del Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad, que determina que las visitas familiares, tanto presenciales como telemáticas, estarán restringidas como regla general para la población que esté dentro del «régimen penitenciario especial», que son presos clasificados como de «riesgo alto» y que representan «una amenaza grave para la seguridad» penitenciaria o del Estado y que están en centros de máxima seguridad.
El reglamento también señala que «de manera excepcional» se podrá considerar la autorización de una visita familiar telemática «únicamente cuando exista una circunstancia grave, extraordinaria, estrictamente necesaria y debidamente acreditada».
Para la organización, la expedición de esta normativa «no subsana las vulneraciones ocurridas con anterioridad y, además, introduce una nueva cuestión constitucional: si una norma de carácter reglamentario puede eliminar de manera general el contacto de una persona privada de libertad con su familia», un derecho garantizado en la carta magna.
El CDH señaló que, en principio, la jueza consideró que la disposición cuestionada podría resultar incompatible con normas constitucionales y convencionales, por lo que suspendió la tramitación de la causa y decidió elevar la consulta a la Corte Constitucional.
La Cárcel del Encuentro está inspirada en el modelo carcelario que Nayib Bukele implementó en El Salvador, pero, además de líderes de bandas, también han sido enviados a esa prisión algunos políticos, como el exvicepresidente correísta Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. EFE
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