Sin justicia por la violencia policial un año después de las protestas masivas en Kenia
Lucía Blanco Gracia
Nairobi, 24 jun (EFE).- Gillian Munyao pasó esa mañana de junio de 2024 pegada al televisor y al ordenador, monitoreando la segunda jornada de protestas masivas contra una subida fiscal que inundaban las calles de Kenia, pero no podía imaginarse que, esa misma tarde, su hijo Rex sería, a los 29 años, el primer muerto por un presunto disparo de la Policía en esas manifestaciones históricas.
«No importa la compensación que me den. Sea lo que sea, eso no traerá de vuelta a mi hijo», dice a EFE Munyao en su pequeño piso del barrio de Kayole, en el este de Nairobi, rodeada por fotografías del joven, cuyo rostro afable está grabado en la retina de muchos kenianos.
Rex Masai, empleado en un casino de la capital keniana, fue la primera víctima mortal de las marchas que sacudieron al país entre junio y agosto de 2024, lideradas por la generación Z y que reunieron a decenas miles de personas convocadas a través de Instagram o TikTok.
Pero no fue la última.
Un año después de esos hechos, que culminaron el 25 de junio con la ocupación del Parlamento, las familias de al menos sesenta muertos registrados por la represión policial aún buscan justicia, a pesar de las repetidas promesas del presidente del país, William Ruto, de acabar con la brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Ocupación del Parlamento
Masai murió desangrado tras recibir un disparo la tarde del 20 de junio de 2024. El joven se había acercado al centro de la capital keniana después del trabajo.
Cuando la Policía tiró gas lacrimógeno contra el grupo en el que se encontraba, salió corriendo, pero fue alcanzado por una bala en la parte superior de su pierna izquierda.
«Corrió por su vida. Sus amigos intentaron dar la vuelta para ayudarle pero fueron gaseados. Cuando los policías fueron corriendo a por él, ya estaba muerto, desangrado», explica Munyao, con la cadencia de una historia contada infinitas veces.
Su muerte conmocionó a la población, que llevaba días marchando por las calles de Nairobi y otras ciudades en unas protestas inicialmente pacíficas y que, a diferencia de otras del pasado, impulsadas por la oposición, no tenían líderes claros y reunían a diferentes clases sociales.
Pocos días después, el 25 de junio se convirtió en la jornada más convulsa de las manifestaciones.
«La gente está cansada de este régimen, se les están imponiendo demasiados impuestos. O bien el Gobierno se sienta con los jóvenes y escucha sus quejas o bien no pararemos hasta que el presidente dimita», dijo a EFE ese día Kennedy Odhiambo, de 29 años, uno de los miles de jóvenes que marchaban en paz.
Unas horas después, sin embargo, el caos se desató en la capital cuando cientos de manifestantes invadieron el Parlamento, después de que una mayoría de legisladores votara a favor del Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, que contemplaba subir impuestos y crear otros.
Los asaltantes tiraron destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, además de provocar un incendio. La Policía primero trató de contenerlos con gas lacrimógeno y cañones de agua, pero acabó abriendo fuego.
Represión sin precedentes
Las imágenes de cuerpos inertes ante las puertas del Parlamento, uno de ellos cubierto con una bandera keniana ondeada horas antes por los manifestantes, marcaron los hechos de ese día, calificados de «masacre» por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
«Lo que presenciamos en términos de violaciones de derechos humanos no tenía precedentes y nos hizo retroceder. La brutalidad de la que fuimos testigos continúa hasta ahora», asegura a EFE el vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNHRC, en inglés), Raymond Nyeris.
Pero Nyeris también destaca que esas protestas fueron «históricas» porque la generación Z «logró tener un impacto sobre la gobernanza y el marco legislativo» de Kenia, cuyo presidente acabó retirando el proyecto de ley un día después de la ocupación del Parlamento, además de reestructurar el Gobierno.
Un año después, ningún policía ha asumido la responsabilidad por las muertes de al menos sesenta ciudadanos y sólo dos casos, incluyendo el de Masai, han llegado a los tribunales, mientras siguen las investigaciones sobre otros.
EFE contactó con el Gobierno keniano y la Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA), pero no obtuvo respuesta a sus preguntas.
«Nos han fallado en todo lo que nos prometieron. En lugar de eso, añaden insultos a las heridas que ya tenemos», lamenta Munyao, mientras las protestas por la violencia policial siguen en el país. EFE
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