Um al Jair, la aldea palestina donde colonos mataron a vecino y aun así el asedio aumentó
Yael Ben Horin
Um al Jair (Cisjordania ocupada), 28 jul (EFE).- Un año después del asesinato por el disparo de un colono del activista palestino Awdah al Hathalin, que colaboró en el oscarizado documental ‘No other land’, la comunidad beduina de Um al Jair se ve amenazada por nuevas caravanas donde se han instalado familias de israelíes, mientras ya no pueden pastorear libremente o cosechar sus tierras.
«El asesino de mi hermano sigue viviendo aquí, a unos metros de nosotros, caminando con un arma», dice a EFE Jalil al Hathalin, líder de la comunidad y hermano de Awdah, mientras señala los alrededores de la aldea.
Awdah al Hathalin, de 31 años, padre de tres hijos, profesor y colaborador de la oenegé israelí por los derechos humanos B’Tselem, fue asesinado a tiros el 28 de julio de 2025 por el colono israelí Yinon Levi durante un enfrentamiento por las obras iniciadas para establecer un nuevo asentamiento en el corazón de la comunidad.
Tras este hecho, Levi fue detenido brevemente y posteriormente liberado. Un año después, denuncia su hermano, todavía no se ha presentado una acusación formal contra él.
La comunidad, asediada
La muerte del activista, que colaboró con los realizadores del documental ganador del Óscar ‘No Other Land’, convirtió a Um al Jair en uno de los símbolos de la creciente tensión en Masafer Yata, una zona de las colinas del sur de Cisjordania ocupada donde comunidades palestinas sufren la expansión de asentamientos y ‘outposts’ (puestos de avanzada israelíes, el primer paso para crear un asentamiento ilegal).
En los años ochenta, Israel estableció junto a la aldea el asentamiento de Carmel, que los residentes describen como el inicio de una transformación que ha reducido progresivamente su acceso a tierras y recursos.
Desde 2018, Jalil asegura que la violencia de colonos comenzó a aumentar y que, tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, la situación empeoró radicalmente.
Antes de esa fecha, la comunidad contaba con unas 4.000 ovejas. Ahora quedan alrededor de 700, explica, debido a las restricciones de movimiento y los ataques, cada vez más violentos, de los colonos.
La presión se percibe también dentro de las viviendas. Salem, uno de los vecinos, lleva a EFE hasta el patio trasero de su casa, convertido en zona militar por el Ejército israelí después de la instalación de un nuevo puesto avanzado de colonos a pocos metros.
Allí permanece el corral donde mantiene a sus animales, la principal fuente de ingresos de su familia. Según explica, el Ejército solo les permite acceder algunos días a la semana y durante unos minutos para alimentarlos.
«El ganado también está en prisión», resume.
Un inodoro personal declarado zona militarizada
A pocos pasos se encuentra la única letrina de la casa, que la familia, al encontrarse la instalación también en la zona delimitada por los militares, ya no puede utilizar. Salem y su esposa, Ajlar, la señalan desde una ventana de la habitación de su hija adolescente, que mantienen permanentemente cerrada pese al calor agobiante.
Por la noche, argumentan, los colonos golpean el cristal y gritan insultos contra las mujeres. Un acoso ante el cual, añaden, los soldados israelíes no intervienen, pese a que los colonos también tienen prohibido adentrarse en la zona militar.
«Si me preguntan, eso es lo más difícil», dice Ajlar sobre la falta de acceso al inodoro. Desde hace más de un mes, sus hijos y ella tienen que acudir al centro comunitario o pedir entrar en casas vecinas para poder asearse y hacer sus necesidades. En una ocasión, relata esta vecina, un colono llegó a abrir la puerta mientras ella utilizaba la letrina y la sacó a rastras.
Una amenaza sistémica
Desde el patio se observan las caravanas del nuevo puesto avanzado de los colonos que, pese a haber sido instalado hace apenas un mes, ya cuenta con electricidad. Ante decenas de banderas israelíes, uno de ellos pasea con su perro y mira hacia el pueblo beduino.
La comunidad afronta además una orden de demolición que amenaza a toda la localidad y tiene como fecha límite el 8 de septiembre. Sus habitantes, insiste Jalil, piden ayuda internacional para evitar su desplazamiento forzado.
La oenegé B’Tselem denuncia que el caso de Um al Jair forma parte de una política más amplia. «Es un ejemplo de cómo los colonos, el Ejército, los tribunales y las autoridades israelíes trabajan juntos para expulsar a los palestinos de sus tierras, pero no es un caso aislado», afirma Yair Dvir, portavoz de la organización.
Según Dvir, desde octubre de 2023 Israel ha desplazado por la fuerza a 62 comunidades palestinas en Cisjordania ocupada. «La comunidad internacional está presenciando la limpieza étnica ante sus propios ojos y opta por permitir que continúe», denuncia este activista.
Para los habitantes de Um al Jair, la prioridad sigue siendo permanecer en el lugar donde han vivido durante décadas. «No queremos irnos», resume Jalil. EFE
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