Candidatos presidenciales en Perú quieren dejar Pacto de San José y aplicar pena de muerte
Lima, 25 mar (EFE).- La salida de Perú del Pacto de San José para implantar la pena de muerte y «jueces sin rostro» (encubiertos) sin ser condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se volvió la propuesta más repetida en la primera semana del debate presidencial, en lo que ha sido calificado por analistas como «populismo penal».
Una buena parte de los 34 candidatos que intervinieron hasta ahora en el debate ofrecieron medidas extremas para combatir la inseguridad, que se ha vuelto la mayor preocupación de los peruanos ante el auge de las bandas criminales que extorsionan a la población, al exigir el pago de cupos de dinero bajo amenazas de muerte.
Entre ellos figuran el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato del ultraconservador partido Renovación Popular, y Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quienes abogan por salirse del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago.
López Aliaga aseguró que retirará al país de la Corte IDH, que calificó de «inhumanos», para aplicar la pena de muerte y el uso de jueces ‘sin rostro’. También prometió la construcción de cárceles aisladas, sin luz, agua ni comunicación, donde afirmó que los presos no recibirían comida cada vez que haya un asesinato en las calles.
Mientras, Fujimori también se mostró abierta a retirarse de la Corte IDH, pero aclaró que no para implantar la pena de muerte, «porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no hizo falta», en alusión al combate que libró su padre contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro y para que los internos tengan que trabajar por su alimento», señaló Fujimori, cuyo padre ya estableció tribunales con magistrados encubiertos que condenaron por terrorismo a miembros de Sendero Luminoso y MRTA, en juicios que posteriormente la Corte IDH obligó a repetir con las debidas garantías para los procesados.
Aún más incisivo fue el derechista Álvaro Paz De la Barra (Fe en el Perú), que propuso un estado de excepción a nivel nacional con suspensión de garantías y derechos fundamentales.
«Soy la única persona que dice en 72 horas cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia y sin la posibilidad de plantear habeas corpus. La cadena perpetua es para que sufran en vida todos los corruptos, los corruptores y las bandas criminales», dijo Paz De la Barra.
En la misma línea se pronunció Paul Jaimes, del partido Progresemos, al señalar sin evidencia que la Corte IDH «solo ha defendido a puros delincuentes» y aseverar que «estos delincuentes ya no merecen vivir, llegó el momento de aplicar la pena de muerte a los sicarios y violadores de menores de edad».
Uno de los pocos candidatos que explícitamente manifestó su oposición a salirse del Pacto de San José fue el abogado izquierdista Ronald Atencio, de la alianza Venceremos, quien prometió derrotar al crimen cumpliendo el Estado de Derecho.
Aquellos más centrados como Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) o Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantearon invertir más en inteligencia contra el crimen organizado, promover fiscalías especializadas y reformar la Policía Nacional.
Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencial ocho mandatarios en cerca de diez años. EFE
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