La convención sobre las personas refugiadas cumple 75 años bajo presiones políticas
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas celebra su 75.º aniversario. Y lo hace en un momento en el que la migración y el asilo son cuestiones cada vez más polémicas.
La Agencia de la ONU para las personas refugiadas (ACNUR) insiste en que la convención sigue siendo relevante. «La protección de las personas refugiadas hoy sigue siendo tan importante como lo era hace 75 años», ha reconocido a Swissinfo Elisabeth Tan, directora de Protección Internacional de la agencia.
La convención sobre las personas refugiadas de las Naciones Unidas — oficialmente, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados— se redactó en 1951 como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En ella se definía a la persona refugiada como una persona necesitada de protección internacional por el temor a que fuera perseguida, o por «amenazas graves contra su vida, su integridad física o su libertad, derivadas de la persecución, los conflictos armados, la violencia o graves desórdenes públicos».
En Europa millones de personas fueron desplazadas a la fuerza, millones fueron perseguidas y posteriormente asesinadas en los campos de concentración nazis, y mucha gente de la que luchaba estaba prisionera. Quienes sobrevivieron y regresaron se encontraron a menudo con sus hogares destruidos.
La convención original se diseñó con ese sufrimiento muy presente; específicamente, para ayudar a las personas que se habían convertido en refugiadas por acontecimientos ocurridos antes de 1951 y, más concretamente, para ayudar a la población europea. La convención, en un principio, no se aplicaba a todo el mundo.
«En realidad, era un tratado destinado a desaparecer. Era una convención que se aplicaba al pasado», explica Vincent Chetail, director del Centro Global de Migración del Instituto Universitario de Ginebra.
De hecho, igual que gran parte del derecho internacional introducido tras la guerra, era un esfuerzo colectivo para garantizar que la brutalidad de aquel conflicto jamás volviera a repetirse.
Efímero «nunca más»
Los acontecimientos de los últimos 75 años, sin embargo, han demostrado que, a la hora de cumplir esa promesa de «nunca más», el mundo una y otra vez ha fracasado.
La Unión Soviética invadió Hungría en 1956: menos de cinco años después de que la convención entrara en vigor. Los estrictos términos de la recién nacida convención no amparaba a la población húngara que huía de su país. Lo cual obligó a los países vecinos de Hungría, en Europa occidental, a adaptarse rápidamente. Y concluyeron que los acontecimientos de 1956 estaban directamente relacionados con la ocupación y la toma del poder por parte de la Unión Soviética en Hungría en 1944 y 1945. Así que las miles de personas que huían de Hungría podían tener derecho a la protección prevista en la convención.
En las décadas de 1950 y 1960, a medida que las antiguas colonias conseguían su independencia, también se produjeron múltiples conflictos fuera de Europa. Esto planteó la pregunta de por qué no merecían también protección quienes huían de la guerra en África. Finalmente, en 1967 se eliminaron las restricciones temporales (antes de 1951) y territoriales (Europa). Lo cual hizo que la protección de la convención fuera universal.
Si avanzamos rápidamente hasta el siglo XXI, vemos que, gracias a la convención, millones de personas han encontrado seguridad: personas que huían de conflictos en Afganistán, la antigua Yugoslavia, Siria, Ucrania y otros muchos lugares.
A finales de 2025, ACNUR había registrado 41,6 millones de personas refugiadas —reconocidas como tal en virtud de la convención— en todo el mundo. «Ha salvado millones de vidas», afirma Tan.
Nuevos patrones migratorios
Pero el siglo XXI también nos presenta, en general, patrones migratorios muy diferentes. Entre el norte y el sur siguen existiendo diferencias enormes de ingresos. Desplazarse por el mundo es mucho más fácil y millones de personas lo hacen —tanto legal como ilegalmente—, con la esperanza de alcanzar un mejor nivel de vida.
Estas personas —por muy cualificadas y dispuestas a trabajar que estén— no son personas refugiadas, aunque algunas puedan afirmar que lo son. Además, los medios de comunicación, los gobiernos y los partidos populistas de derecha que buscan dominar el debate sobre la inmigración utilizan los términos «inmigrantes ilegales» y «solicitantes de asilo» habitualmente como si fueran sinónimos.
La migración legal y la solicitud de asilo, asimismo, se han vuelto más difíciles en los últimos años. Y es que algunos países rechazan automáticamente las solicitudes de asilo de quienes han cruzado sus fronteras de forma ilegal. ACNUR sigue instando a los gobiernos a que faciliten vías seguras y legales para las personas solicitantes de asilo y migrantes que buscan trabajo.
Inmigrante ilegal: persona nacida en el extranjero que entra o reside en un país sin autorización oficial del gobierno o infringiendo sus leyes de inmigración, cruzando una frontera sin pasar por el control de fronteras o permaneciendo en el país una vez se le ha caducado el visado válido, por ejemplo.
Solicitante de asilo: persona que ha huido de su país de origen, ha cruzado una frontera internacional y ha solicitado formalmente refugio y protección en otro país, pero que todavía está a la espera de una resolución judicial sobre su situación. Todas las personas refugiadas comienzan como solicitantes de asilo, pero no todas las personas que solicitan asilo llegan a ser reconocidas como refugiadas.
Inmigrante legal: persona a la que un Estado soberano le ha concedido permiso oficial y le ha autorizado para entrar, residir y, en muchos casos, trabajar o estudiar dentro de sus fronteras.
Lionel Walter, del Consejo Suizo para las personas refugiadas, teme que los principios básicos de la convención se estén perdiendo en lo que él describe como un «ataque político». Walter sostiene que el compromiso de la convención de proteger a quienes huyen de la persecución sigue siendo totalmente relevante. «En un momento en el que el número de personas que huyen de la guerra y la persecución, en todo el mundo, está en su nivel más alto de la historia, su importancia es mayor que nunca».
En el mundo actualmente hay 130 conflictos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. ACNUR, por su parte, estima que más de 117 millones de personas siguen desplazadas a la fuerza, la mayoría dentro de sus propios países.
Externalización a terceros países
Las cifras de personas refugiadas en Europa son relativamente bajas, a pesar del cada vez más acalorado debate sobre la migración y el asilo. De hecho, en 2025, las cifras descendieron porque ha habido una fuerte caída de las solicitudes presentadas por personas procedentes de Siria.
Suiza actualmente acoge a unas 200.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Pero, igual que varios de sus vecinos europeos, está estudiando la posibilidad de externalizar a quienes solicitan asilo a terceros países.
La idea de los «centros de retorno» consiste en enviar a las personas solicitantes de asilo cuyas solicitudes iniciales hayan sido rechazadas a un tercer país mientras vuelven a sus países de origen. Se rumorea que los posibles emplazamientos para estos centros son Etiopía, Túnez, Ruanda, Uganda y Uzbekistán.
Walter, del Consejo Suizo para las personas refugiadas, apunta que estos centros «conllevan un enorme riesgo de violaciones de los derechos fundamentales» y añade que es muy probable que «generen altos costes e ineficiencias».
La estrategia actual de Europa también la cuestiona Chetail, del Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, quien señala que «las devoluciones [en las fronteras] y los retornos forzados» demuestran que «los Estados están desarrollando formas de socavar la protección de las personas refugiadas».
Tan, por su parte, se muestra más cautelosa y sugiere que ACNUR no se opone a los centros de retorno, siempre y cuando las solicitudes de asilo se «traten adecuadamente» y dichos centros «respeten los derechos humanos de las personas».
ACNUR sí comparte las preocupaciones sobre los retornos forzados y, en un comunicado, advierte que está siendo testigo de «prácticas que restringen el acceso al asilo, entre ellas las devoluciones, la denegación de acceso al territorio y los retornos forzados».
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Vuelta a lo esencial
ACNUR insta a los Estados miembros de la ONU a volver a los principios fundamentales de protección de la convención. Si los gobiernos los aplicaran correctamente —argumenta Tan— considerarían que la convención es un instrumento idóneo para «gestionar las fronteras mientras se protege a las personas con una necesidad bien definida de protección internacional».
Tan señala una reciente encuestaEnlace externo que sugiere que, a pesar del acalorado debate, dos tercios de la población apoyan el derecho que tienen a buscar refugio quienes huyen de la guerra o la persecución.
Pero sobre todo pesa la presión económica que sufre la ONU en su conjunto y el comportamiento impredecible de Estados Unidos. En septiembre del año pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que en 2026 iba a recortar en un 15 % el presupuesto ordinario de la ONU.
ACNUR aprobó un presupuesto de 8.500 millones de dólares (casi 7.000 millones de francos) para 2026, 2.100 millones menos que el año anterior. Se han reducido las operaciones de apoyo a las personas refugiadas y se ha despedido a miles de personas de la plantilla.
Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ha dejado de acoger a la mayoría de las personas refugiadas, con escasas excepciones, entre las que destacan población sudafricana blanca, de quienes Washington —sin pruebas— dice que son víctimas de una persecución por motivos raciales.
Este mes han circulado rumores de que EE. UU. baraja la posibilidad de retirarse totalmente de ACNUR, tal y como ya ha hecho con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante décadas EE. UU. ha sido el mayor donante de la agencia para las personas refugiadas. Abandonarla sería, según Chetail, «totalmente irresponsable, extremadamente peligroso…, una auténtica catástrofe. Supondría un riesgo existencial para la ACNUR».
En el 75.º aniversario, Tan no quiere pronunciarse sobre un tema tan grave y se ha limitado a declarar que «lamentaríamos cualquier retirada, por supuesto estamos manteniendo conversaciones con EE. UU. y seguiremos colaborando».
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Grandes retos por delante
La retirada de EE. UU. no es el único reto. Las poblaciones se desplazan, cada vez más, porque carecen de alimentos y agua. Unas carencias que no se deben a conflictos, sino al cambio climático.
El cambio climático por sí solo —igual que la hambruna o los desastres naturales— no es, de momento, motivo para que se conceda el asilo, pero ACNUR estima que los desastres relacionados con el clima han provocado alrededor de 250 millones de desplazamientos internos en todo el mundo durante la última década.
Huir de la guerra, no obstante, sí es motivo para conceder asilo. Y los conflictos, cada vez más, estallan precisamente porque escasean recursos vitales, como el agua, debido al cambio climático.
Este verano, la sequía y las malas cosechas se han extendido a Europa. Los incendios forestales están obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares en España y Francia.
ACNUR desearía que, en lugar de ampliar la convención para incluir nuevos motivos para conceder protección a las personas refugiadas —Tan teme que, dado el polarizado debate actual, «es casi seguro que la protección se vería mermada»—, los Estados cumplieran con el resto de sus compromisos humanitarios, apoyando a los países afectados por desastres naturales y a las personas desplazadas a causa de ellos.
Mientras tanto, existen nuevas formas de guerra a las que en el futuro podría verse expuesta toda la población europea.
Es posible que quienes viven en las ciudades del este de Ucrania nunca lleguen a ver a un soldado ruso, pero a diario huyen de drones rusos armados. Estos drones, que se cree que son rusos, también se avistan cada vez con más frecuencia sobre Europa occidental; Suiza incluida.
Y esto plantea la cuestión de si la población europea —igual que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y como le ha sucedido a la gente de Ucrania desde 2022— de nuevo podrían necesitar la protección de la Convención sobre el Estatuto de las personas refugiadas.
«Nunca sabemos cuándo podríamos necesitar esta convención. La vida puede cambiar muy rápidamente. Esta convención es para todos nosotros», afirma Chetail.
De los 41,6 millones de personas refugiadas contabilizadas oficialmente, el 70 % están acogidas en países vecinos a las zonas de conflicto. Turquía e Irán, cada uno, acogen a más de 3 millones. En Bangladés hay alrededor de un millón de refugiados rohinyá procedentes de Myanmar. Colombia ha acogido a más de 700.000 personas procedentes de Venezuela.
Artículo editado por Virginie Mangin; y adaptado al español por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.
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